En el documento oficial no hay elementos sólidos que respalden su espectacularidad, pues no se establecen requerimientos futuros para tres décadas
Los negocios privados como tales no deberían estar desvinculados del crecimiento económico, del incremento en las capacidades productivas del trabajo y del bienestar social; pero el divorcio entre una cosa y otra es resultado de una política económica (neoliberal) que privilegia las ganancias especulativas, atropellando procesos productivos útiles y despreciando la necesidad social de expandir la base físico-productiva de la economía.
Este divorcio entre negocios y bienestar social, es lo que se trasluce en los propósitos del Plan Hídrico Sonora 2023-2053, anunciado recientemente por el gobierno del Estado, y lo que se manifiesta como característica en el manejo que la Conagua hace del recurso, desde que se creó tal dirección administrativa a finales de los años ochenta.
Al desprender el manejo del agua de la entonces Secretaria de Agricultura y Recursos (1989), la Conagua postuló su axioma: no gestionar más agua, al mismo tiempo que el manejo, administración y distribución de la disponibilidad menguante, se haría con la visión unilateral de medir la gestión en razón de la tasa de retorno monetario, sin importar las consecuencias económicas y sociales de tales políticas. Y ese es el criterio que norma al Plan Hídrico anunciado por el gobierno del Estado de Sonora.
Durante algunos meses el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, había mencionado que se trabajaba en la elaboración de dicho plan, y el 22 de noviembre formalizó su presentación. Sostener que se le resolverá a Sonora el problema hídrico para los próximos treinta años, no deja de ser un anuncio espectacular, más cuando la falta de agua en la entidad es una de las principales limitantes estructurales que tiene el estado para su crecimiento presente y futuro.
Al revisar el documento oficial que soporta al plan, no hay elementos sólidos que respalden su espectacularidad. En principio no se establecen los requerimientos futuros del recurso para los próximos treinta años, tampoco la relación de la demanda en el consumo de agua con una tasa promedio de crecimiento en el PIB estatal y la consecuente generación de empleos que garantice cubrir la demanda anual de más de 35 mil puestos de trabajo que deberían estar ubicados en la economía formal, además del imprescindible fortalecimiento de las zonas agrícolas de riego y la ampliación de la frontera cultivable. El eje del planteamiento se apoya en una especie de resignación al hecho de que la entidad se ubica en un clima semidesértico y que finalmente tenemos que adherirnos a las limitantes que la naturaleza impone.
Esto obligaría, según lo sugiere la propuesta hídrica, a reducir las áreas de cultivo destinadas al maíz y al trigo, para ocupar los presumidos ahorros de agua, en proyectos de inversión de mayor renta monetaria, aunque represente reducir la producción nacional de granos básicos. El asiento del planteamiento admite que Sonora continuará, en lo que resta del presente gobierno, en el estancamiento económico que ha padecido en las últimas décadas, como resultado de proyectar grandes negocios para minorías rentistas que apalancan utilidades a la sombra del presupuesto estatal.
La mayor parte de las inversiones presumidas en el Plan Hídrico, son las realizadas por el gobierno federal, en un proyecto de mejoras asistenciales para la tribu yaqui, a la sombra de un Plan de Justicia que se soporta en el decreto presidencial que le otorga a la tribu 400 millones de metros cúbicos más de los contemplados por el decreto del presidente Lázaro Cárdenas. Una resolución presidencial que crea más problemas de los que pretende resolver, al disponer la entrega de agua inexistente, y quitar a los pueblos yaquis jurisdicción sobre la parte alta de la Cuenca del Río Yaqui.
Se trata pues, de una nueva envoltura retórica, muy parecida a la usada por el gobierno de Guillermo Padrés, quien lanzó un “plan hídrico”, al inicio de su administración (febrero del 2010), al que denominó Sonora SÍ, cargado de promesas de inversión en todo el estado, que solo sirvieron como cobertura mediática para imponer la construcción y luego operación ilegal del Acueducto Independencia, con el que se le despojan crecientes volúmenes de agua a los pueblos yaquis y a las actividades productivas del sur de Sonora, para trasvasarlos a la ciudad de Hermosillo. El nuevo plan hídrico, parecería una continuidad del Sonora SÍ, toda vez que dentro de la lluvia de obras prometidas, las únicas que aparecen en firme son aquellas que se concentran en el cometido de robustecer a la capital del estado como el epicentro de la expansión urbanística y la especulación inmobiliaria.
Se trata de la construcción del Acuaférico Hermosillo, reconocido en el Sonora SÍ, como Ramal Norte, el cual sería surtido por el Acueducto Independencia, incrementando así los volúmenes de agua trasvasados ilegalmente desde la parte media de la Cuenca del Río Yaqui. En previsión a ello, en el Plan Hídrico se informa que recientemente se ejercieron 216 millones de pesos en el reforzamiento de la infraestructura y el mantenimiento del Acueducto Independencia.
En realidad, el Plan Hídrico anunciado como otros proyectos en curso, son la oferta incondicional con la que México se mantiene inserto en los desventajosos esquemas comerciales del Tlcan-T-MEC, impuestos para sostener al país como proveedor de mano de obra barata y de subsidios con servicios al mercado de consumo de los Estados Unidos. El relanzamiento de estas políticas maquilizantes, ahora se endulza con el anglicismo del nearshoring, pero la constante es el sofocamiento del mercado nacional y la desindustrialización del país.
La competencia ya no está asociada al incremento de las capacidades productivas regionales y nacionales, ahora se compite para lograr ser el mejor receptor de la inversión extranjera, en detrimento del desarrollo doméstico. Por eso la ambición de convertir a las ciudades capitales de los estados fronterizos, en megametrópolis que sirvan como asiento para los negocios de grandes corporativos privados en donde los gobernantes locales se viven como los caporales del neocolonialismo.
