Como los “montajes” televisivos que tanto se critican desde la esfera oficial, y morenista
La Secretaría de Gobernación ya trae un circo bien armado en torno a una Ley General de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Pero como el tiempo está en contra, ya que el gobierno federal desea tener en el Congreso de la Unión su iniciativa para el mes de septiembre, los autores de la ley quieren “cumplir” con el requisito de “consultar” a los activistas de derechos humanos y a los periodistas.
Y para hacer válida esa obligación, recientemente llegaron a Hermosillo enviados de Adán Augusto López Hernández con el fin de imponer sus criterios en torno a la legislación, pero se toparon con pared, a pesar de que no convocaron con oportunidad a los periodistas y organizaciones en general sino a los que, según ellos, iban a aceptar de modo sumiso todo lo que ya traen preparado.
Quisieron hacerlo en lo oscurito y para ello la convocatoria la “publicaron” solamente en las redes sociales de un funcionario de Gobernación que apenas en su casa lo conocen y, por lo mismo, en el gremio periodístico de Sonora no permeó ese documento.
Palabras más, palabras menos, a los funcionarios les dijeron que en las últimas dos décadas ha habido un recrudecimiento de la violencia, pues tan sólo de diciembre de 2018 a la fecha, se han documentado 661 agresiones de tipo físico, laboral, digital, amenazas, contra las y los periodistas.
La Red Nacional de Periodistas, por ejemplo, exigió medidas concretas, compromiso de los diversos niveles de autoridad, trabajo diligente y con resultados palpables, particularmente de las responsables de la procuración y la impartición de justicia, es decir, las fiscalías y los poderes judiciales de los estados y federales.
“Porque está demostrado que el mensaje que manda la impunidad es contundente para abrir las puertas a cualquier agresión”, se indicó.
Y es que los funcionarios tienen la visión de endilgar a los gobiernos estatales los mecanismos de protección, cuando la mayoría de los ataques contra los comunicadores proviene precisamente de las instancias oficiales, como por ejemplo la Fiscalía General de Justicia de Sonora, cuya titular solamente cuando le conviene acude a los reporteros para enviar sus mensajes.
Además, los sistemas de comunicación social se han encargado de hacer filtros para evitar que quienes hacen preguntas incómodas sean relegados porque ahora no es cuestión de levantar la mano para solicitar una pregunta, sino que desde una oficina se determina quiénes van a preguntar.
Y si a ese tipo de “servidores” públicos se les va a encargar un sistema de protección de periodistas y activistas, pues lo mas seguro es que la impunidad de los agresores contra ambos gremios vaya en aumento día con día.
Concretamente, las compañeras del gremio señalaron:
“Las mujeres periodistas en México también enfrentamos desigualdad salarial, acoso laboral y sexual, sumado al alto riesgo que implica nuestra labor en un país donde el informar, ejercer la libertad de expresión y mostrar el uso indebido del ejercicio del poder, puede costar la vida”.
Por ello, exigieron impulsar las acciones para garantizar contrataciones dentro de los marcos legales, contar con seguros de riesgos, acceso a prestaciones, horarios como marca la ley y pago de horas extras, aplicando la perspectiva de género.
Así que, si los funcionarios pensaron que vendrían a un día de campo para imponer sus ideas, pues sencillamente Sonora no es ese sitio en el que tienen a sus organizaciones o periodistas domesticados.
Como se les hizo ver en el encuentro, aquí si hay materia gris, no sumisión. Y eso que escondieron la convocatoria para la gran mayoría de los periodistas.
Les hubiera ido peor.
Comentarios: franciscogonzalez.bolon@gmail.com
