La asignación para el 2024 al ejercicio de la Sader no tiene la ambición de incrementar producción y productividad del campo; carece de metas
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal del 2024. El monto total estima un gasto de 9 billones de pesos. Si se atienden los efectos de la inflación, el presupuesto proyectado para el año entrante no registra incrementos reales. Lo que si anticipa son recortes efectivos sobre el campo mexicano, que durante años ha venido dando tropiezos y en el ciclo otoño invierno 2022-2023 sufrió severos descalabros, resultado de los incrementos desmesurados en los costos de producción y de la caída estrepitosa en los precios internacionales de los granos básicos como el trigo, maíz y sorgo.
A pesar de las graves heridas sufridas por las regiones productoras de trigo, maíz y sorgo, en los principales distrito de riego, consecuencia de que López Obrador decidió desproteger a los productores nacionales que han sido arrojados a los mercados especulativos controlados por grandes corporativos privados, el gobierno decide asignarle a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) 74 mil millones de pesos, un monto que en términos reales termina por ser inferior al ejercido en el 2023 y se coloca muy lejos de los requerimientos emergentes para atender la virtual situación de insolvencia a la que han entrado miles de productores como consecuencia de la conducta tormentosa de los mercados internacionales.
Hay que subrayar que la asignación proyectada para el 2024 al ejercicio de la Sader, no tiene la ambición de incrementar producción y productividad del campo, pues se carece de esas metas. Se continúa con la línea que ha caracterizado la política de este gobierno: dejar a la suerte y capricho de los mercados internacionales a las regiones de riego que producen los granos básicos y que aportan el 70 por ciento de la producción nacional de trigo, maíz y sorgo; al tiempo que la Sader se hace cargo de un asistencialismo sobre las zonas de autoconsumo, que no están en capacidad de responder a la tarea de reducir la dependencia alimentaria del país.
Algo que ha devenido en un fracaso, si consideramos los incrementos crecientes en la importación de granos y la crisis inflacionaria que golpea con fuerza la capacidad de consumo de más del cincuenta por ciento de la población. Al tiempo que las áreas de cultivo se reducen, en todas las formas de producción, por falta de crédito y falta de apoyos gubernamentales, propiciando nuevas oleadas de emigración de la población rural hacia las ciudades o hacia los Estados Unidos. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Inegi, en junio de este año se perdieron 308 mil empleos en el sector rural, respecto al mismo mes del 2022 y el año pasado se dejaron de sembrar 5.5 millones de hectáreas en el país.
Poco o nada le ha importado al gobierno el mensaje contenido en la crisis suscitada por la caída en los precios internacionales del trigo, maíz y sorgo. Se niega a reconocer que los productores nacionales y nuestra producción nacional de granos no deben continuar en el casino de apuestas que concurre en la Bolsa de Chicago y otros centros que especulan con los precios de las materias primas. También cierra los ojos frente a la ofensiva global de los grandes corporativos que empujan una reducción en la producción mundial agroalimentaria, encubiertos en la falacia de reducir las emisiones de dióxido de carbono, para profundizar la escasez e incrementar la dependencia de las economías denominadas periféricas.
Las naciones europeas están siendo víctimas de estas políticas de reducción en la producción de alimentos, mientras el gobierno mexicanos se mantiene apoltronado en la confianza de que siempre habrá disponibilidad de granos para la importación, por lo cual no le importa que los productores nacionales vayan a la bancarrota o terminen subcontratados por corporativos privados de corte trasnacional que definirán la demanda de producción en función de sus negocios y no de la alimentación de los mexicanos.
Ante la indiferencia gubernamental, se registra un movimiento emergente de productores, de más de veinte estados de la república, que, aliado con investigadores, académicos, organizaciones de la sociedad civil y transformadores de los productos del campo, han constituido el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano. Las gestiones de esta organización, ante las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, han logrado que se convoque a un Parlamento Abierto, donde concurran todas las voces que reconocen la gravedad por la que atraviesa el sector y admiten el requerimiento de un presupuesto de emergencia que evite la escalada de carteras vencidas que amenazan a los productores, disponiendo un monto de recursos federales que rompa los parámetros asistencialistas y proteja a todos los productores nacionales.
Revertir los daños sufridos por el campo, no se logra con un presupuesto como el propuesto por el presidente. Se necesita duplicar la asignación a Sader, para que en dicho paquete se contemple evitar las carteras vencidas y empezar a colocar las primeras piedras de una nueva política alimentaria orientada al mercado nacional y a lograr las metas que demanda una población de 130 millones de mexicanos.
