El combate será uno de los temas pendientes en México, a la par de la seguridad pública, la salud y la educación
Por: Moisés Gómez Reyna
Pese a la propaganda del Gobierno de la 4T que quiere hacer creer que la corrupción ha sido desterrada del país, la realidad es que la percepción de este problema se mantiene sin cambios, en buena medida por los escándalos, quebrantos y casos de tráfico de influencias de la actual administración.
La organización Transparencia Internacional publicó los resultados de su Índice de Percepción de la Corrupción 2023, donde por cuarto año consecutivo México obtuvo 31 de 100 puntos posibles.
Este índice clasifica a los países puntuándolos de cero puntos (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 puntos (percepción de muy bajos niveles de corrupción), esto en función del grado de actos de corrupción que perciben en el sector público sus propios ciudadanos.
Con este puntaje, México se situó en 2023 en la posición 126 de 180 países, sin cambios respecto a 2022 y en el mismo nivel que países de menor desarrollo económico como Togo, Kenia y El Salvador.
Dicen que las comparaciones son odiosas, pero inevitables. En 2015, tras la publicación del reportaje de la Casa Blanca de Peña Nieto en 2014, nuestro país obtuvo un puntaje también de 31 puntos, pero en ese año nos encontrábamos en la posición 111, es decir, desde entonces hemos retrocedido 15 posiciones en este ranking global.
En 2012, el último año de Felipe Calderón, el principal adversario político del presidente López Obrador hasta la fecha, en este mismo índice México tenía un puntaje de 34 y ocupaba la posición 105, acumulando así una caída de 21 lugares en la última década.
En cambio, países latinoamericanos como Costa Rica y Uruguay destacaron entre los menos corruptos en 2023, al ubicarse en los sitios 45 y 16, respectivamente.
En conclusión, esta alta percepción de corrupción en México se ha mantenido invariable a lo largo del sexenio y cómo vemos es incluso peor que en administraciones anteriores.
Esto se debe a varios factores, pero sin duda los escándalos de la actual administración han deteriorado la imagen del Gobierno federal.
Ahí está el caso de Segalmex, donde las irregularidades encontradas en el informe de la Cuenta Pública 2021 de la Auditoría Superior de la Federación, suman un desfalco que supera los 15 mil millones de pesos, el doble de la tan cuestionada Estafa Maestra en tiempos de Peña Nieto.
Luego tenemos los recientes escándalos que involucran a los propios hijos del presidente López Obrador, traficando influencias para favorecer a empresas de sus amigos cercanos en obras emblemáticas como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas, así como en la proveeduría de medicamentos.
Igualmente está la reciente denuncia pública de la exdirectora de Notimex, Sanjuana Martínez, que acusó que desde la Secretaría del Trabajo le pidieron desviar dinero a la campaña de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum.
Solo por recordar a detalle los hechos más cercanos, pero sin olvidar los “sobres amarillos” a los hermanos del presidente, los sobrecostos estratosféricos en las obras prioritarias, los ventiladores a sobreprecio del hijo de Bartlett o la mala construcción y falta de mantenimiento a las líneas del Metro de la Ciudad de México.
Mientras ninguno de estos grandes casos de corrupción de la presente administración, o incluso del sexenio pasado, tengan sentencias definitivas contra los actores principales, la ciudadanía continuará percibiendo que el cáncer de la corrupción sigue intacto en el Estado Mexicano.
Por ello, sin duda, el combate a la corrupción continuará siendo uno de los temas pendientes en nuestro país, a la par de la seguridad pública, la salud y la educación, donde se han presentado fuertes retrocesos este sexenio.
Si bien, estos serán los principales retos que tendrá la siguiente administración federal, primero tocará a los electores decidir entre la continuidad o el cambio.
Twitter: @gomezreyna
