Los habitantes de algunas ciudades se han visto en la necesidad de emigrar de sus lugares de origen en la búsqueda de paz
Las guerras civiles a través de la historia se han caracterizado por ser conflictos internos de diversos países, los cuales, al no lograr una cohesión social y política suficiente para mantener la gobernabilidad, se ven en circunstancias sumamente complejas en las que, por lo menos dos bandos de ciudadanos del mismo país llegan a la resolución de conflictos por la vía de las armas. Para darnos una idea de la magnitud de estos conflictos, uno de los más icónicos es la guerra civil española en la que fallecieron por lo menos medio millón de civiles.
En el caso mexicano, y después de más de una década de conflicto armado entre el gobierno de México con células del crimen organizado que se han agrupado bajo la figura de “carteles”, el país parece encontrarse en una espiral sin salida de la violencia, que se ha enquistado en prácticamente todo el territorio nacional sin que hasta el momento surja alguna esperanza de detener dicha situación, debido a que en los tres años del gobierno actual ya se han rebasado los 100 mil homicidios, contando con situaciones sumamente preocupantes en diversas regiones del país, donde se ha llegado a niveles insostenibles para sobrellevar una vida digna, tal es el caso de zonas como Fresnillo, Zacatecas; Santa Rosa de Lima, Guanajuato; y desde luego en Sonora las ciudades de Caborca y Cajeme, donde sus habitantes se han visto en la necesidad de emigrar de sus lugares de origen en la búsqueda de paz.
Todas las regiones antes mencionadas cuentan con una relación en común, encajan a la perfección con los lineamientos que el especialista Nicholas Sambanis ha atribuido a este tema:
1. Las partes deben tener una organización política y militar propia, con objetivos declarados públicamente.
2. El Estado debe ser un combatiente a través de sus fuerzas armadas.
3. La organización insurgente debe tener una base territorial y reclutar en dicha región.
4. El umbral de muertes debe producir entre 500 y 1,000 muertes el primer año.
Entre algunas otras condiciones, las anteriores son los principales argumentos que confirman la consolidación de una guerra civil de magnitudes considerables en nuestro país.
Sobre las causas de dicha problemática se ha escrito mucho, algunos culpan directamente al gobierno por ser cómplice o, en todo caso, omiso al atacar a las organizaciones criminales que son los autores materiales en primera instancia, así como también, su incapacidad para generar las oportunidades necesarias para alejar a los jóvenes de las manos de los cárteles de las drogas.
Algunos otros se han dedicado a culpar a la sociedad misma como un ente generador de ciudadanos con carencia del sentido social, los cuales segados por el aparente hedonismo que expide la vida del narcotraficante, se deciden a tomar las armas en búsqueda del placer que produce el dinero y poder de dicha actividad. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que el problema de la inseguridad obedece más a causas multifactoriales, por lo tanto, su resolución deberá derivar de una política pública integral que abarque todos los aspectos.
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