Con todo y la experiencia de gobiernos anteriores, hay vocecitas que le piden al alcalde embarcarse en una nueva aventura pública-privada
Una y otra vez, en medios de comunicación, en redes sociales y todo lo comunicativo habido y por haber, Javier Lamarque Cano fue advertido sobre la conveniencia de contratar a una compañía que realizaría “auditorías” a los consumidores de agua potable en Cajeme. Sobre todo, se le dijo lo relativo a los antecedentes en otros municipios y estados de quienes dirigen la empresa que tenían en la mira para que realizara el trabajo, pero, como todo buen político, el alcalde de Cajeme no le hizo caso a la opinión pública y se salió con el capricho. Y en el pecado llevó la penitencia. Hoy, junto con Luis Miguel Castro Acosta y Fructuoso Méndez Valenzuela, el presidente municipal tiene que afrontar una demanda por actos de corrupción, abuso de autoridad e incumplimiento de deber legal, coalición, uso indebido de atribuciones y facultades y un largo etcétera por parte de esa compañía “recomendada” en su momento al alcalde. Según la demanda, cuyas copias incluso han sido divulgadas en redes sociales, el 4 de febrero de 2022, la Moral Fiscales del Agua Mexcelebró el contrato OOM-078/2022, de prestación de servicios, con Oomapasc, mediante el cual se pretendía detectar posibles anomalías de agua no contabilizada, descargas a las redes de drenaje y derechos de conexión, con la finalidad de que el organismo recuperara los adeudos que pudieran derivar de posibles anomalías en sus facturaciones y al momento de la recuperación la empresa cobraría por honorarios el 20% de lo recuperado, en base al éxito. Como se sabe, esa empresa detectó a 28 constructoras que no habían hecho su contrato de uso de agua y por lo tanto no pagaban los volúmenes utilizados durante la obra, y en algunos casos, no cumplieron tampoco con los derechos de conexión, que deberán ser cubiertos antes del inicio de una obra. El cobro de 40.3 millones de pesos por esas anomalías, jamás se realizó, según la compañía, y el porcentaje para quien realizó el servicio tampoco llegó, por lo que ahora los funcionarios municipales tendrán que enfrentar un proceso legal que hubieran evitado si hacen caso a las recomendaciones que los “críticos que se oponen al progreso” les hicieron en su momento. No conforme con esa experiencia, el Gobierno de Lamarque Cano se encamina hacia otro conflicto: la contratación de una empresa para el servicio del alumbrado público. Con todo y la experiencia de gobiernos anteriores, con consecuencias incluso en la Fiscalía Anticorrupción, hay vocecitas por ahí que le piden al presidente municipal embarcarse en una nueva aventura de alianza pública-privada que podría dejar ganancias no solamente a los particulares sino a los funcionarios durante varios años, como para pensar quizá hasta en una reelección. Y es que, como se ha sabido, al fideicomiso instaurado para solventar lo relativo al servicio a las luminarias le ingresa un recurso proveniente del Derecho de Alumbrado Público que, sin embargo, debe encaminarse hacia el equipamiento y no al pago a la empresa contratada, por lo cual ya un responsable de las finanzas municipales fue sancionado por la Fiscalía Anticorrupción e incluso el juicio sigue “vivo”, según se sabe. Como la extesorera, Karina Montaño Alarcón, sabía de ese litigio, obviamente se negó a firmar contrato alguno sobre el tema de las luminarias. De ahí que haya preferido presentar su renuncia y los funcionarios municipales esperan que la nueva tesorera o tesorero sí “jale” con la firma. De ese tamaño el problema que se viene encima si se empeñan en hacer cosas malas que parecen buenas. Ya hay advertencias a Lamarque Cano sobre este tema y ojalá haya aprendido la lección con la empresa auditora del consumo de agua. A menos que…
