El agua es uno de los bienes más críticos para nuestra existencia, y que sale a la agenda pública cuando ya no sale de la llave. Un tema emergente que lleva tiempo cocinándose es el conflicto hídrico derivado de la incapacidad de México para entregar agua del Río Bravo a Estados Unidos (EUA) en los términos del Tratado de Aguas de 1944.
El Tratado distribuye aguas del Río Colorado, Río Bravo (Río Grande en EUA) y Río Tijuana. Al Río Colorado se le estimó en ese entonces un flujo promedio anual de 20,352 Millones de metros cúbicos (Mm3) de agua. Después, con mejores técnicas analíticas y datos, se reveló que tenía una escorrentía promedio anual de 17,639 Mm3; además, la sequía y el derretimiento de glaciares de las Montañas Rocosas han reducido sus flujos. Alrededor del 80% del agua del Río Colorado se destina a la agricultura. California, que tiene derechos prioritarios al agua del río, tiene la mayor producción de vegetales de hoja verde en EUA, así como de forrajes para su industria de lácteos. En el Valle de Mexicali-San Luis Río Colorado la historia es similar.
En el caso Río Bravo-Grande, México tiene derecho a un tercio de ciertos afluentes del río y la obligación de entregar 431.7 Mm3 anuales, en promedio, en ciclos de cinco años. Es decir, debe entregar 2,159 Mm3 al final de cada ciclo, aunque pueden pasarse adeudos al siguiente ciclo en condiciones extraordinarias. También aquí el uso del agua es primordialmente agropecuario.
El cambio y la variabilidad climáticas, la gestión deficiente y la sobreexplotación hídrica, le agregan una capa de dificultad a la gestión binacional y al conflicto potencial entre países. En el Colorado, la CILA y su contraparte norteamericana IBWC (ambas establecidas a partir del Tratado) han logrado, a través de acuerdos en Minutas, reducciones progresivas en las entregas de agua para los estados norteamericanos y México. En el Río Bravo-Grande, las entregas a EUA no se han cumplido y México señala la sequía como causa principal.
En este punto tiene sentido traer las "aguas invisibles" a la mesa. ¿Qué son? En primer lugar, el agua virtual es la contenida en el proceso de producción y comercialización de bienes y servicios. Además, existe el concepto de huella hídrica, que es una medida de apropiación del agua y puede ser azul cuando es agua extraída de cuerpos o afluentes; verde cuando es de lluvia; y gris cuando se usa para reducir la contaminación. En segundo lugar, hablamos de los 36 acuíferos identificados sobre la frontera; estos se relacionan con los ríos, son intensamente explotados, y no conocemos con certeza su alcance binacional, aunque esto ha cambiado paulatinamente gracias al Transboundary Aquifer Assessment Program, donde han colaborado personas científicas y funcionarias de ambos países.
El agua virtual que atraviesa la frontera (en algunos casos, varias veces), en forma de cultivos, carne, cerveza, autos, electrónicos y maquinaria, no la contabilizamos. No solo es transfronteriza, es agua de todo el territorio y también suele ser de acuífero, sobre todo en las zonas áridas. Estos argumentos llevarían a repensar el Tratado, concebido originalmente para aguas superficiales, pues sostenemos un sistema económico que intercambia más agua que las cuencas compartidas.
México es un importador neto de agua virtual, pero también exporta grandes cantidades. Esto tiene varias implicaciones: primero ¿qué tanto "malbaratamos" el agua exportada en productos de poco valor añadido? (no significa que producir alimentos sea irrelevante). Segundo, ¿las ganancias compensan la injusticia distributiva del agua entre empresas exportadoras y comunidades locales? Y tercero, ¿podemos garantizar la generación y acceso a datos confiables para tomar decisiones? Más allá de preferencias políticas, aranceles y fobias raciales, una mejor comprensión de las aguas invisibles nos permitiría decisiones potencialmente más sostenibles y justas, en un mundo donde el agua es un bien cada vez más restringido.
