En política, hay un dicho que forma parte del día a día, “si dices una mentira mil veces, se puede convertir en verdad”. Y cuando llega la hora de hacer acusaciones, como bien lo aprendimos siglos atrás en la antigua Roma, no se necesitan una orden de aprehensión para enjuiciar a alguien; basta una filtración, una visa revocada, una investigación en curso o una frase lanzada desde Washington para que la sociedad pueda declarar a alguien culpable o inocente, y que este sea sometido a su castigo en el coliseo de la opinión pública.
Eso es lo que hoy ocurre con Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, señalados en reportes periodísticos por presuntas investigaciones en Estados Unidos relacionadas con posibles vínculos con el crimen organizado.
De acuerdo con Los Angeles Times, ambos mandatarios habrían perdido su visa estadounidense en medio de indagatorias penales; en el caso de Villarreal, se habla de presuntos vínculos con redes de huachicol, mientras que en el caso de Durazo se mencionan supuestos nexos con estructuras criminales, a lo que ambos gobiernos han rechazado categóricamente los señalamientos.
Y ahí está justamente el punto delicado, puesto que no estamos ante sentencias, sino ante señalamientos. Pero en la política mexicana si algo hemos aprendido, es que la percepción ciudadana también gobierna, y la sola idea de que Estados Unidos esté investigando a dos gobernadores más en funciones prende focos rojos no solo para Morena, sino para la relación bilateral México-Estados Unidos.
Para Sonora, el caso de Alfonso Durazo tiene un peso especial. No se trata de cualquier gobernador. Es presidente del Consejo Nacional de Morena, exsecretario de Seguridad federal y figura clave del obradorismo. Si Washington lo coloca bajo sospecha, el golpe no se queda en Palacio de Gobierno: escala hasta el corazón político del movimiento.
En Tamaulipas, Américo Villarreal gobierna una frontera históricamente atravesada por crimen, energía, aduanas, migración y disputa territorial. Ahí, cualquier señalamiento relacionado con huachicol o crimen organizado cae “sobre tierra seca”, prende rápido.
Ahora bien, la respuesta oficial de parte de las autoridades a la sociedad ha sido negar, rechazar y verificar toda información que circule en redes, dado el peligro que implica el caer en la desinformación. Sin embargo, en mi criterio, veo que el problema de fondo es mayor. Estados Unidos parece haber cambiado la estrategia. Ya no solo mira a capos, operadores o redes criminales; ahora apunta hacia funcionarios, gobernadores y estructuras políticas.
Según el propio reporte de Los Angeles Times, la revocación de visas se ha convertido en una herramienta de presión contra políticos mexicanos, en un contexto donde Washington busca golpear no solo al crimen, sino a sus presuntos protectores institucionales.
Entonces, vale la pena cuestionarse, ¿estamos frente a investigaciones legítimas contra posibles redes de corrupción política-criminal, o ante una nueva forma de presión electoral y diplomática desde Estados Unidos? Probablemente la respuesta no sea simple, porque a la par pueden estar sucediendo ambas cosas, es decir, investigaciones reales a funcionarios mexicanos y a la vez, uso político de las acusaciones con miras a presionar al Estado mexicano con distintos fines.
Ahí está el verdadero reto a venir estos días, es decir, ni linchamiento ni silencio, ni convertir reportes periodísticos en condenas, ni esconderse detrás del discurso de persecución política. Si los señalamientos son falsos, que se desmonten con información. Si hay investigaciones, que se conozca hasta donde legalmente se pueda.
El caso Durazo-Américo también obliga a mirar a los estados fronterizos con otra lupa. Sonora y Tamaulipas son sus estados vecinos, por eso, estos señalamientos pesan. Porque cuando la duda toca a un gobernador fronterizo, no solo se cuestiona su persona, se cuestiona la capacidad del Estado mexicano para garantizar que sus instituciones no sean capturadas por intereses criminales.
Hoy Durazo y Villarreal tienen derecho a defenderse y lo han hecho hasta este momento, lo cual considero muy acertado y pertinente, eso debe quedar claro. Sin embargo, al final, este nuevo capítulo en la historia de la relación entre Estados Unidos y México entra en un giro distinto, donde nuestro país estará en una posición de defensa, pero a la vez obligado a demostrar que sus instituciones son capaces de investigar, transparentar y rendir cuentas por sí mismas.
Finalmente, en mi opinión, la mejor defensa de la soberanía nacional siempre será la fortaleza de nuestras instituciones y así, la colaboración internacional puede ser una aliada para fortalecer la confianza y el Estado de derecho.
