Habrá que decirles que es errónea una política de comunicación que quiere evitar el contacto de los gobernantes con el pueblo
De manera sigilosa, sin invitación a los medios de comunicación, el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, Rafael Acuña Griego, estuvieron ayer en Navojoa para el inicio de la construcción de un tribunal laboral.
Ni siquiera el alcalde Jorge Alberto Elías Retes comunicó su agenda cotidiana, como siempre lo hace en el grupo de periodistas a los que envía información de manera permanente.
Actúan las autoridades como los delincuentes que evitan cualquier ruido para que evitar que alguien los vea realizando sus fechorías, pero si no es este el caso, por lo positivo que será contar en la Perla del Mayo con un sitio para los juicios entre obreros y patrones, pareciera que los funcionarios andan en malos pasos.
Habrá que decirles, en consecuencia, que es errónea una política de comunicación que quiere evitar el contacto de los gobernantes con el pueblo o, peor, que quiere ocultar los problemas cotidianamente vividos por los ciudadanos en las colonias y comunidades.
Muy mal hacen quedar al gobierno de Alfonso Durazo Montaño quienes desean tapar el sol con un dedo.
Jamás, los ciudadanos aceptarán esas cifras maquilladas mediante las cuales intentan hacer creer que todos los delitos van a la baja y que está por llegar el momento en que los ciudadanos podrán volver a caminar por las calles tranquilamente, sin temor a toparse con quienes hacen de la violencia su mejor manera de expresarse.
Por ejemplo, como dicen los datos de la Cámara de Comercio en Ciudad Obregón, con todo y que los homicidios no han bajado a cero, en la colonia Vila Bonita el número de robos a los ciudadanos comunes y los negocios, va en aumento con todo y la presencia de Jornadas por la Paz de las que presume doña María Dolores del Río como un gran logro, pero ocultando la realidad: el fracaso de ese programa.
O bien, se niegan a ver las autoridades el desplazamiento de ciudadanos de bien de sus hogares porque a los señores delincuentes les gustó la casa del vecino para instalar sus trincheras de violencia cotidiana.
De no ser porque a los malosos se les “escaparon” algunos tiros por las calles José María Lafragua y Donato Guerra, en Obregón, y que los vecinos lo denunciaron, la Policía Municipal nunca se hubiera dado cuenta de la casa “rentada” por los malandrines donde encontraron armas de todo tipo ahí almacenadas.
Y así como esa casa, hay muchas en las colonias y en las comunidades rurales ocupadas por mañosos sin que sean molestados por quienes se supone están para cuidar la vida y patrimonio de los ciudadanos.
No por nada, en el Censo de Seguridad Pública Estatal 2023 de INEGI se revela que en la Policía Estatal de Seguridad Pública en Sonora se ha visto una disminución en aseguramiento de vehículos robados y armas en relación del año 2022 al 2021 y en narcóticos hubo una reducción de casi el 50% también.
También, según esas cifras, hay números a la baja en personas detenidas y puestas a disposición de un Ministerio Público ya que en el 2022 arrestaron a dos mil 180 de los cuales mil 619 fueron turnados a la autoridad judicial en su mayoría por los probables delitos de posesión de narcóticos, armas ilícitas y violencia familiar.
Lo peor del tema es que la corporación estatal es de las que tiene elementos mejor pagados, se ha incrementado su personal en un 37% y pasó de estar en 0.3% por cada mil sonorenses a 0.5%, aunque lo ideal es llegar a 0.9% por cada mil habitantes.
Por eso, Del Río Sánchez no tiene argumentos para decir que ha faltado apoyo para sus filas y que por eso no se avanza contra la delincuencia en los niveles que ella lo pregona.
Ya se hace necesario que el gobernador del Estado se deshaga de esos compromisos políticos como el que mantiene a la exalcaldesa de Hermosillo en la dependencia más importante para los sonorenses: la de Seguridad Pública.
Nadie desea que más temprano que tarde se conozca en la sociedad que el actual estado de violencia obedece, no a incapacidad técnica para actuar en contra, sino a una perniciosa complicidad.
Eso sería nefasto para Sonora y nadie lo desea.
Comentarios: franciscogonzalez.bolon@gmail.com
