Al asumir la presidencia López Obrador encaró el hecho de que los desafíos en el ejercicio rompían con el simple esquema contable...
Las pérdidas que la economía nacional registra como consecuencia de la sujeción incondicional a las normas de un sistema financiero internacional basado en la especulación, son desmesuradas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el día último de septiembre de este año estará concluyendo su sexenio. Se completan así 36 años de cumplimiento puntual a los ordenamientos macroeconómicos que han despojado al país de los instrumentos clásicos para impulsar el fortalecimiento de una industria nacional propia y lograr un campo bonancible con una reducción considerable en la dependencia alimentaria. El presidente decidió conducir su gobierno dentro de las reglas impuestas por el sector financiero y la economía de México no pudo romper con la inercia del estancamiento económico que la ha marcado por más de tres décadas.
Y lo hizo, no obstante que contó con un escenario internacional favorable para abrir un frente de batalla en contra de las condicionantes y candados que impone el sistema financiero de Wall Street y Londres, a las naciones periféricas y dependientes. Sin dejar de considerar que es el presidente que ha llegado al cargo con el mayor respaldo popular en las últimas décadas. Todo el descrédito acumulado por los gobiernos neoliberales, se convirtió en acreditación al gobierno que se enfundó en el emblema de la cuarta transformación.
El eje discursivo de la campaña electoral de López Obrador, se basó en una simpleza de gran impacto popular. Y rezó así: para lograr los márgenes de inversión que la economía nacional requiere, solo se necesitan dos cosas, la austeridad y la lucha contra la corrupción. Con esa fórmula, el entonces candidato ostentaba que alcanzaría la liberación de 500 mil millones de pesos anuales que quedarían como saldo disponible para la inversión pública.
Sobre estas cuentas alegres se soportaron todas las promesas de campaña, y también la proyección de un crecimiento económico capaz romper con el estancamiento de los últimos treinta años. Pero la economía no se puede comprender con un simple manual de contabilidad. Al asumir la presidencia López Obrador encaró el hecho de que los desafíos en el ejercicio rompían con el simple esquema contable con el que había prometido sacar al país del letargo económico. En realidad, su discurso estaba pensado no solo para atender al consumo popular, sino para mandar el mensaje a los corporativos financieros y fondos de inversión, de que su gobierno no cruzaría la línea roja que pudiera poner en riesgo el cumplimiento a una política económica en donde el sector financiero goza de manga ancha para sus prácticas especulativas y sus ganancias escandalosas, mientras la economía nacional decrece, se incrementa la inflación y el desempleo.
Dejar al sector financiero completamente desregulado y permitir que el Banco de México continúe como fondo de garantía de los compradores de deuda y especuladores financieros, sin ningún compromiso con el crecimiento económico, mantuvo al gobierno sin capacidad de generar crédito nacional para inversiones en infraestructura y capital, obligándolo a cargar los costos de inversión en obras tan importantes como Dos Bocas, sobre el presupuesto federal, provocando una notable restricción de recursos en áreas estratégicas de la economía que han sido afectadas severamente, como el sector salud, la educación y al sector agropecuario, entre otros.
Mientras los productores agrícolas del país le reclaman al gobierno haberlos dejado a merced de los corporativos agro-financieros que especulan con los precios internacionales de los granos básicos, los banqueros lisonjean y le agradecen al presidente López Obrador. El 19 de abril, el representante de la Asociación de Bancos de México –membrete de la banca internacional- le agradeció al presidente que haya respetado la autonomía del Banco de México y que haya mantenido “las reglas” con las que ha venido operando la banca comercial en el país. Con tales “reglas”, la banca privada, tan solo en los últimos dos años registró ganancias acumuladas por encima de los 500 mil millones de pesos.
El motivo de gozo de los banqueros porque el gobierno de López Obrador protegió la norma neoliberal de la autonomía del banco central, es porque con ello se inhabilita al Estado Mexicano para tener injerencia sobre la política monetaria y de crédito. El impedimento de que el gobierno pueda financiarse con su moneda y se obligue a emitir deuda para cubrir el déficit fiscal, es el mecanismo que engorda a la banca, la cual compra la deuda y obtiene el pago de altas tasas de interés convirtiéndose así en el principal devorador del presupuesto federal. El déficit fiscal, derivado del alto costo del servicio de la deuda, beneficia al sector financiero y explica las desmesuradas ganancias que durante estos años han registrado.
Insertos en esta dinámica, es previsible que México enfrente una crisis de pagos. Se admite que la Reserva Federal de los Estados Unidos mantendrá su política de altas tasas de interés como instrumento para la atracción de flujos financieros en respaldo a un sistema en bancarrota, cuya deuda mundial es de cuatrocientos billones de dólares, donde se monta una burbuja especulativa que supera los dos mil billones de dólares. Esto le impone a México la presión de mantener tasas de interés superiores a las de los Estados Unidos para atraer y sostener la inversión especulativa.
El mecanismo es intrínsecamente vicioso. Al incrementar la tasa de interés interna para retener la inversión especulativa, se proyecta la ilusión de un “peso fuerte”, pero ocasiona una distorsión de precios relativos en detrimento del sector productivo y a favor de las inversiones especulativas (financieras). Esto explica el por qué los procesos físico-productivos vienen a menos, mientras las bolsas de la banca se agigantan.
La Secretaría de Hacienda, presiente el terremoto presupuestal, y para encararlo adelanta un paquete de ajuste que podría ir más allá de la “austeridad republicana” o “franciscana”. Así lo plantean en el documento denominado Pre-criterios Generales de Política Económica 2025, en el que proponen una contracción del gasto del 8 por ciento respecto al presupuesto del 2024. El esquema de ajuste es claro: sufrirán todos los sectores productivos y la economía real, menos el pago puntual a los desproporcionados servicios de la deuda, a los especuladores y al sector financiero que ha disfrutado una “transformación” en la que continúan siendo, además de los mandones, los ganones.
