Sin duda, el poder se siente incómodo cuando lo fiscalizan y vigila, pero el derecho a saber en qué se gasta tu dinero, es un derecho humano
La observancia al poder en nuestro país no es algo que podamos presumir “de siempre”, por lo regular, con partidos hegemónicos o autoritarios, la transparencia en el actuar de las autoridades se vuelve sumamente compleja ya que, por una parte, los mecanismos de acceso a la información del uso de los recursos públicos, se encuentra sumamente resguardad y, sobre todo, los mecanismos de coerción para quienes dan a conocer estos datos, por los cuales, se coacciona o se amedrenta a quienes los investigan y a quienes los dan a conocer, se vuelven el pan de cada día impidiendo así, el acceso a la información de la ciudadanía en general.
En nuestro país el avance en el acceso a la información ha sido paulatino, por lo cual, si tuviéramos que datar un punto de inflexión se podría fijar en la llegada del nuevo milenio, lo cual, coincidió con un par de circunstancias que adelantaron el acceso libre a la información pública. En primera instancia la llegada de la tecnología a los medios de comunicación masiva cerró la brecha por medio de la cual los ciudadanos podían informarse, es decir, el ascenso del internet y de nuevas televisoras y radiodifusoras, dio como resultado que, más personas tuvieran la capacidad de comunicar mensajes por estos medios, llegando así a más personas con más información.
En segunda instancia, es preciso comentar que, con la llegada al poder de un partido de oposición por primera vez en nuestro país, el entonces presidente emanado del Partido Acción Nacional, Vicente Fox, presentó en 2001 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, lo cual, si bien es cierto representaba para su gobierno un “balazo en el pie”, dando a conocer múltiples irregularidades, representó en la historia de nuestro país, un antes y un después en el acceso a la información pública que tenía cualquier ciudadano para saber en qué, cómo y dónde, se gastaba su dinero.
Desde entonces a la fecha, diversas organizaciones e instituciones, públicas y privadas, de la mano de los medios de comunicación, se han dado a la tarea de revisar y encontrar errores u omisiones en la administración pública tales como: El “toallagate” de Fox, en el que se dio a conocer que el Gobierno de México compraba toallas a precios de más de 400 dólares; la “Casa Blanca” o la “Estafa Maestra” en la administración de Enrique Peña Nieto y, recientemente; el desfalco de 15 mil millones de pesos realizados en Segalmex en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Sin duda, el poder se siente incómodo cuando un ente externo lo fiscaliza y vigila, sin embargo, el derecho a saber en qué se gasta tu dinero, es considerado un derecho humano el cual permite ejercer otros derechos a su vez, por lo cual, no es de extrañarse, pero si de preocuparse, cuando autoridades electas quienes reciben un sueldo de parte de la ciudadanía se reúnen para atacar y señalar a organizaciones sociales que divulgan su trabajo.
En el caso de Cajeme, recientemente un grupo de regidores del partido oficial se lanzaron en contra de un organismo sin fines de lucro ni partidistas que, año con año se dedican a dar a conocer información y propuestas de mejora para la ciudadanía, mencionando los funcionarios públicos que: “en las empresas los empleados tienen disponibilidad de faltar según sea necesario y lo permita la ley”. Empero, les falto comentar que, en una empresa se puede correr de manera justificada a cualquier empleado que no dé el ancho cuando así se considera, pero a los regidores se les tiene que mantener por tres años sin posibilidad de despedirlos si no hacen bien su trabajo.
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