La creciente participación de niñas, niños y adolescentes en actividades del crimen organizado en México ha encendido las alertas de organismos internacionales y expertos, quienes exigen al Senado y al gobierno federal avanzar en reformas que sancionen de forma contundente el reclutamiento forzado de menores.
Durante el foro "Jornadas de la Protección a la Acción: evitando la utilización de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado", convocado en el Senado, especialistas coincidieron en la urgencia de establecer un marco legal sólido, acompañado de políticas públicas que atiendan las causas estructurales de este fenómeno.
Actualmente, existen al menos 50 iniciativas de ley en el Congreso de la Unión que buscan castigar la llamada "leva" de menores por parte de cárteles, pero han permanecido sin avance durante más de una década debido a la falta de acuerdos políticos.
URGEN MARCO LEGAL Y ACCIONES PREVENTIVAS
Juan Pablo Rodríguez González, especialista en protección a la infancia, subrayó que el Estado mexicano debe comprender a fondo el problema para poder responder de manera efectiva. Señaló que no basta con reaccionar, sino que es necesario diseñar estrategias que atiendan las necesidades de las víctimas y prevengan su captación.
Por su parte, Karla Karelly Villanueva, representante de un organismo regional en materia de drogas, enfatizó que el reclutamiento de menores no es un efecto secundario del narcotráfico, sino una estrategia deliberada de los grupos criminales para expandir su control territorial, aprovechándose de la vulnerabilidad infantil.
VIOLACIÓN GRAVE A DERECHOS HUMANOS
Especialistas en justicia penal advirtieron que la incorporación de menores a actividades ilícitas representa una grave violación a sus derechos humanos, ya que compromete su desarrollo integral y los expone a entornos de violencia extrema.
Desde el Senado, se reconoció que este fenómeno no admite indiferencia. Legisladores señalaron que detrás de esta problemática existen factores como la desigualdad, el abandono y la falta de oportunidades, los cuales deben ser atendidos de manera integral.
Datos oficiales indican que en 2024 más de 29 mil 500 adolescentes fueron imputados por delitos en el país, lo que refleja la magnitud del problema. Ante ello, se trabaja en una iniciativa que busca fortalecer las leyes para prevenir, sancionar y erradicar el reclutamiento de menores por organizaciones criminales.
