El expresidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que afecta a aproximadamente 8,000 empleados federales de alto rango al eliminar sus protecciones laborales, lo que facilita su destitución en caso de que se considere que interfieren con la agenda política de su administración.
Esta medida fue publicada por la Casa Blanca y la Oficina de Gestión de Personal el 3 de junio, y reclasifica estos puestos bajo una categoría denominada "Política/Carrera Profesional". Esto permite a las agencias despedir a estos funcionarios sin necesidad de los extensos procedimientos administrativos que actualmente limitan las destituciones.
La mayoría de los empleados afectados -97%- ocupa posiciones de nivel GS-15 o superior, que representan los rangos más altos fuera del Servicio Ejecutivo Superior.
Entre los puestos que caerían bajo esta nueva disposición se encuentran directores, subdirectores, jefes de gabinete, asesores séniores, analistas de políticas y otros que participan en la formulación de regulaciones o en la asignación de subvenciones federales.
Con esta orden, las agencias pueden proceder a despedir a estos trabajadores por bajo rendimiento, mala conducta o por no cumplir con las directivas presidenciales, todo ello sin los actuales procedimientos de apelación que pueden prolongarse por más de un año.
Justificación de la orden ejecutiva
La Casa Blanca ha señalado que el proceso de contratación para estos puestos seguirá siendo competitivo e imparcial, y que las decisiones de despido no podrán basarse en la afiliación política del empleado.
Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal, justificó la decisión afirmando que permite que se puedan remover a los empleados que dejen de cumplir con las órdenes legales y directivas de política del gobierno, especialmente en un ambiente donde se ha reportado que algunos funcionarios se negaron a acatar órdenes del presidente durante su primer mandato, en áreas como la educación y la discriminación racial.
Esta no es la primera vez que se intenta implementar una medida de este tipo. Trump había establecido previamente una orden ejecutiva similar durante su primer mandato, la cual fue revocada por la administración Biden antes de entrar en vigor.
La nueva orden firmada en esta ocasión amplía y consolida la anterior. Desde octubre de 2024, más de 348 mil empleados han abandonado el gobierno, y la administración ha implementado programas de indemnización voluntaria para incentivar renuncias, lo que ha reducido la plantilla federal a niveles no vistos desde 1966.
Reacciones de sindicatos y organizaciones
La aprobación de esta orden ha generado el rechazo inmediato de sindicatos de empleados públicos y grupos de defensa civil. Everett Kelley, presidente de la Federación Americana de Empleados del Gobierno, ha calificado esta acción como un intento de minar el funcionamiento del gobierno federal al eliminar derechos fundamentales de los empleados.
Además, Skye Perryman, presidenta de la organización Democracy Forward, ha señalado que el despido de expertos gubernamentales sin justificación no solo afecta a los trabajadores, sino que también impacta negativamente a los ciudadanos que dependen de sus servicios esenciales.
Por último, los líderes sindicales han advertido que esta reclasificación podría retroceder a prácticas del siglo XIX, donde los puestos públicos se asignaban por lealtad política en lugar de méritos.
