Un juez federal de Estados Unidos bloqueó de manera provisional la aplicación de una medida que habría dejado sin autorización laboral a miles de personas beneficiarias de programas de protección migratoria, mientras continúa el análisis judicial sobre su legalidad.
La decisión fue emitida por Nathaniel Gorton, juez del Distrito de Boston, quien concedió una orden temporal que impide al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aplicar nuevas restricciones relacionadas con los permisos de empleo.
El fallo responde a una demanda presentada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y sindicatos, quienes sostienen que los cambios fueron implementados sin cumplir con los procedimientos legales correspondientes.
La resolución beneficia, por ahora, a solicitantes de asilo y a personas amparadas por el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que permite permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras crisis.
De acuerdo con el juez, la suspensión permanecerá vigente mientras el tribunal decide si la medida debe mantenerse durante el desarrollo del proceso judicial. Se prevé que esa determinación sea emitida antes del 5 de agosto.
Los promoventes del recurso advirtieron que, de entrar en vigor la política, miles de personas protegidas por el TPS, entre ellas originarias de El Salvador, Sudán y Ucrania, podrían perder su autorización para laborar, afectando directamente su estabilidad económica y la de sus familias.
Aunque el tribunal no frenó el cobro de nuevas tarifas relacionadas con los trámites migratorios, sí determinó que las autoridades no podrán retirar permisos de empleo ni imponer sanciones a quienes no realicen esos pagos mientras continúe vigente la orden judicial.
