Colectivos feministas y comunidad LGBTQ+ declaran su inconformidad ante estas medidas
Por: Ofelia Fierros
Mientras que en los últimos años algunos países de Latinoamérica han ampliado el acceso al aborto y han legalizado los matrimonios igualitarios, en otras naciones siguen las tendencias conservadoras con más fuerza.
El pasado miércoles, el Congreso guatemalteco nombro a Guatemala como “Capital Provida de Iberoamérica”, durante un evento en la Plaza de la Constitución y en el Palacio Nacional de la Cultura.
Por lo tanto, el Gobierno de esa nación aprobó la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, o iniciativa 5272, que prohíbe el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Esta misma ley también niega el derecho a interrumpir un embarazo en cualquiera de sus formas, incluso cuando ocurra de manera espontánea. Entre otra de las prohibiciones está la enseñanza de la diversidad sexual en las escuelas del país.
La iniciativa fue aprobada con 101 votos a favor, ocho en contra y 51 abstenciones.
La promulgación de esta nueva norma establece “la protección del derecho a la vida, la familia, la libertad de conciencia, la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. Además, del derecho que tienen los padres a orientar a sus hijos sobre su sexualidad”.
En Guatemala, en la actualidad se establecen condenas de entre uno y tres años de cárcel contra las mujeres que interrumpan su embarazo, pero con la nueva medida los castigos incrementarán de los cinco a los 25 años de prisión.
Asimismo, la iniciativa recalca que una persona que no sea heterosexual es incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano.
Ante esta medida, diversos grupos feministas y la comunidad LGBTQ+, así como los defensores de derechos humanos, manifestaron su rechazo ya que va en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que se niega el acceso a la salud y a la libre información sobre métodos anticonceptivos.
