Estados Unidos anunció sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas por su presunta participación en una red de contrabando de combustible vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte de las acciones para combatir el llamado huachicol fiscal.
Las medidas fueron dadas a conocer por el Departamento del Tesoro, que acusa a los señalados de utilizar empresas fachada, documentación aduanera falsa y operaciones comerciales para introducir combustible a México sin pagar impuestos, generando recursos que presuntamente beneficiaban al grupo criminal.
¿QUÉ ES EL HUACHICOL FISCAL?
A diferencia del robo de combustible mediante tomas clandestinas, el huachicol fiscal consiste en introducir hidrocarburos al país mediante esquemas de evasión fiscal y declaraciones falsas ante las autoridades aduaneras.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, este tipo de operaciones incluye la importación de gasolina, diésel, nafta y otros combustibles utilizando documentos alterados para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Las autoridades estadounidenses consideran que esta modalidad se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos para organizaciones criminales, además del narcotráfico.
¿QUIÉNES FUERON SANCIONADOS?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros incluyó en su lista de personas bloqueadas a:
Oscar Guillermo Juraidini Silva.
José Refugio Ruiz Villagómez.
Según el gobierno estadounidense, ambos estarían relacionados con operaciones de contrabando de combustible entre Estados Unidos y México mediante una red de empresas y operadores financieros.
¿QUÉ ACUSACIONES ENFRENTA OSCAR JURAIDINI?
El Departamento del Tesoro identifica a Oscar Guillermo Juraidini Silva como uno de los presuntos operadores financieros de la red.
Las autoridades aseguran que habría participado en:
- Creación de empresas fachada.
- Falsificación de documentos aduaneros.
- Importación irregular de combustible.
- Presunta evasión del IEPS.
- Comercialización de hidrocarburos mediante empresas vinculadas.
De acuerdo con el informe oficial, estas operaciones habrían generado ingresos por decenas de millones de dólares al año para el CJNG.
LAS EMPRESAS SANCIONADAS
Las autoridades estadounidenses también impusieron sanciones a nueve empresas presuntamente vinculadas con la red.
Entre ellas se encuentran:
- Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.
- OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V.
- RK Real King, S.A. de C.V.
- Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.
- Ogui Fletes.
- OF Transportes.
- Cucumber Sweet Waves Ltd. (Reino Unido).
- Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V.
- Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V.
Según la OFAC, estas compañías habrían sido utilizadas para facilitar operaciones comerciales y financieras relacionadas con el presunto esquema de contrabando.
EL PAPEL DE JOSÉ REFUGIO RUIZ VILLAGÓMEZ
El segundo mexicano sancionado, José Refugio Ruiz Villagómez, fue señalado por presuntamente coordinar operaciones de traslado de combustible desde Estados Unidos hacia México sin cumplir con la regulación correspondiente.
Además, el Departamento del Tesoro sostiene que las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution realizaron transacciones por millones de dólares con personas presuntamente vinculadas al CJNG.
¿CÓMO OPERABA LA RED?
De acuerdo con la investigación estadounidense, el esquema funcionaba mediante diversas etapas:
- Compra o adquisición de combustible.
- Traslado entre Estados Unidos y México.
- Declaración falsa del producto ante aduanas.
- Uso de empresas legalmente constituidas para aparentar operaciones legítimas.
- Distribución y venta del combustible en territorio mexicano.
Las autoridades también señalan que el dinero obtenido era presuntamente ocultado mediante inversiones en bienes raíces, vehículos de lujo, joyería y empresas de distintos sectores.
¿QUÉ IMPLICAN LAS SANCIONES?
Las sanciones emitidas por la OFAC tienen efectos financieros dentro del sistema estadounidense.
Entre las principales consecuencias destacan:
- Bloqueo de bienes y activos ubicados en Estados Unidos.
- Prohibición para que personas y empresas estadounidenses realicen transacciones con los sancionados.
- Restricciones para instituciones financieras que faciliten operaciones relacionadas con ellos.
Estas medidas son de carácter administrativo y financiero, por lo que no representan por sí mismas una sentencia penal en México.
EL CASO SIGUE BAJO INVESTIGACIÓN
Las autoridades estadounidenses mantienen abiertas las investigaciones sobre las presuntas redes de huachicol fiscal y lavado de dinero, al considerar que estas operaciones representan una fuente importante de financiamiento para organizaciones criminales.
El Departamento del Tesoro señaló que continuará colaborando con otras agencias para identificar empresas y personas relacionadas con este tipo de esquemas transfronterizos.
