Florida aprobó una nueva normativa que impedirá a los migrantes sin estatus legal matricularse en los 28 colegios universitarios estatales, una medida que podría afectar cada año a cerca de 8 mil jóvenes que concluyen la educación secundaria en la entidad.
La disposición, avalada por la Junta de Educación durante una reunión virtual, establece que los aspirantes deberán comprobar que son ciudadanos estadounidenses o que cuentan con una situación migratoria regular para poder ingresar a estas instituciones, las cuales ofrecen carreras técnicas y, en muchos casos, licenciaturas de cuatro años.
IMPACTO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
La regulación también extenderá la prohibición a los programas públicos de educación para adultos, incluidos los cursos de preparación para obtener el certificado de equivalencia de secundaria (GED) y las clases de inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL).
La decisión se suma a otra medida impulsada la semana pasada por la Junta de Gobernadores de Florida, que busca aplicar el mismo requisito en las universidades públicas del estado. Aunque actualmente los estudiantes migrantes pueden inscribirse en estas universidades, no tienen acceso a ayuda financiera federal y enfrentan restricciones que se han endurecido en los últimos años.
ORGANIZACIONES RECHAZAN LA MEDIDA
Colectivos estudiantiles y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes criticaron la aprobación de las nuevas reglas al considerar que limitarán el acceso a la educación superior para miles de jóvenes que crecieron en Florida.
De acuerdo con un análisis del Florida Policy Institute, la medida podría representar una pérdida cercana a 15 millones de dólares anuales para las finanzas estatales.
Durante la sesión, decenas de estudiantes, residentes y empresarios expresaron su rechazo; sin embargo, organizaciones como Florida Student Power denunciaron que el periodo de participación pública concluyó antes de que todas las personas interesadas pudieran intervenir.
