La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el viernes 20 de febrero los amplios aranceles globales que el presidente Donald Trump impuso bajo una ley de poderes de emergencia, en una decisión que representa un revés importante para su agenda económica.
Con una votación de 6 a 3, el máximo tribunal determinó que el mandatario no tenía autoridad constitucional para establecer impuestos a las importaciones sin la aprobación del Congreso. La mayoría de los jueces sostuvo que la Constitución otorga de forma clara al Poder Legislativo la facultad de imponer tributos, incluidos los aranceles.
El presidente del tribunal, John Roberts, explicó en la opinión mayoritaria que los redactores de la Constitución no delegaron el poder tributario al Ejecutivo. En otras palabras, el presidente no puede crear aranceles por su cuenta amparándose en una ley de emergencia si esta no lo autoriza expresamente.
Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh votaron en contra. En su opinión disidente, Kavanaugh señaló que, según el texto legal y los precedentes históricos, los aranceles sí podían considerarse legales bajo la ley utilizada por la administración.
El caso gira en torno a una ley de 1977 que permite al presidente regular importaciones durante emergencias nacionales. Otros presidentes la han usado principalmente para imponer sanciones económicas, pero Trump fue el primero en invocarla para aplicar aranceles generalizados.
En abril de 2025, impuso los llamados aranceles "recíprocos" a la mayoría de los países, argumentando que los déficits comerciales y el narcotráfico constituían emergencias nacionales.
IMPACTO ECONÓMICO Y LEGAL DE LA DECISIÓN JUDICIAL
La decisión no impide que el presidente imponga aranceles mediante otras leyes comerciales, aunque esas normas establecen límites más estrictos y procedimientos específicos.
Las medidas ya habían generado múltiples demandas, presentadas por estados con tendencia demócrata y por pequeñas empresas afectadas. Según estimaciones oficiales, el impacto económico de los aranceles podría alcanzar los 3 billones de dólares en la próxima década.
Además, el Tesoro recaudó más de 133 mil millones de dólares por estos impuestos a las importaciones. El fallo marca un precedente relevante sobre los límites del poder presidencial y reafirma que la autoridad para imponer aranceles corresponde al Congreso.
