Aunque la reforma laboral recién aprobada en el Senado, tendiente a reducir las horas de trabajo semanales de 48 a 40, es benéfica y el sector empresarial nunca ha estado en contra de que los empleados tengan más tiempo para descansar y convivir con sus familias, sí existen riesgos, sobre todo para las micro y pequeñas empresas, consideró Francisco Rubio Siller.
El presidente de Coparmex Obregón manifestó que el objeto de la reforma es positivo, pues la iniciativa busca reformar el artículo 123 constitucional en su apartado A, para reducir la jornada laboral máxima legal con el objetivo central de transitar hacia un modelo de trabajo más humano y equilibrado que mejore la calidad de vida, la salud física y mental de las personas trabajadoras.
Como justificación y diagnóstico está el rezago histórico, pues desde 1917 México mantiene una jornada de 48 horas semanales, divididas en seis días de trabajo por uno de descanso, sin actualizaciones sustanciales en más de un siglo.
Un punto importante que lo justifica, es la carga laboral excesiva; en este tema, México es el país de la OCDE con mayor carga horaria, con un promedio de 2 mil 124 horas al año, representando un 23 por ciento más que el promedio de los países miembros, que promedian mil 687 horas anuales, expuso.
En cuanto a salud y productividad, se destaca que jornadas extensas no garantizan mayor productividad pues, al contrario, generan estrés laboral y nuestro país tiene en este sentido la tasa más alta a nivel mundial con 75 por ciento; está el agotamiento conocido como burnout y el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes de trabajo, comentó.
Con respecto a la propuesta de implementación gradual, dijo, el dictamen propone una reducción gradual de la jornada laboral para alcanzar el límite de 40 horas semanales y dos días de descanso, conforme a un calendario de transición que inicia en 2026 y culmina en 2030.
LOS RIESGOS
Entre los riesgos para las empresas de tamaño menor, está el impacto financiero, descrito en términos de aumento de costos operativos, al no poder reducir salarios; el desafío operativo, relativo a la necesidad de reorganizar turnos y procesos en un plazo corto y el riesgo de informalidad, entendido como la posible migración de empleos al sector informal para evadir las nuevas cargas de seguridad social.
En el tema de productividad manifestó el riesgo de pérdida de competitividad si la reducción de horas no se compensa con una mayor eficiencia por hora trabajada, y por último, la incertidumbre jurídica, entendida como lo posibles conflictos legales durante la transición gradual entre el 2026 y 2030, si no hay claridad en los contratos actuales.
