Tras el resolutivo de la Suprema Corte, los estados deben adecuar su legislación, señala Núñez Esquer
Por: Deniss Cabrera Y Michel Inzunza
Aunque el pasado mes de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el criminalizar el aborto, en Sonora aún no se ha trabajado en una iniciativa para legislar el tema, siendo considerado un delito por el cual suman 11 carpetas de investigación durante el periodo de enero-octubre de este año.
Esta cifra es mayor que los reportes del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública de delitos como hostigamiento sexual (8 casos) e incluso la trata de personas (1 caso este año y 8 durante el 2020), lo que refleja que existe un mayor número de denuncias a quienes deciden interrumpir un embarazo.
Silvia Núñez Esquer, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora, expuso que es preocupante que el aborto se persiga de oficio, cuando existen delitos como la violencia familiar a la cual no se le da seguimiento, pese a ser encontrados infraganti.
“En Sonora sí hay criminalización, persecución de las mujeres y, si bien hay personas que están siendo investigadas o sancionadas por alguna otra actividad que tiene que ver con el aborto, en realidad, quien lo comete es la mujer y, por lo tanto, es un delito que se inventó para castigar a las mujeres”, declaró.
Aseveró que luego del resolutivo de la Suprema Corte, los estados deben cambiar su legislación, pues los jueces no pueden sancionar a las mujeres que aborten, sin embargo, ya se debería estar trabajando en una iniciativa y hasta el momento no se ha hecho.
Agregó que en 2008 se realizaron reformas, con las que se tuvo una vigilancia extrema sobre las personas gestantes que se atendían en los hospitales por aborto e, incluso, cuando un feto es encontrado, se investiga de oficio hasta dar con el responsable, aún más que con otros delitos.
Según las estadísticas, 175% han aumentado las carpetas de investigación por aborto en comparación con 2020.
