Rubén Gil Nieblas, representante de la Unión de Ejidos del Bajo Río Mayo, informó que esa lucha sigue ante la posibilidad de que continúen los amparos
Por: Raúl Armenta Rincón
Representantes de uniones ejidales, diputados y ayuntamientos del Sur de Sonora están buscando acuerdos e iniciativas para "blindar" el impuesto predial ejidal y garantizar que lo paguen todos los productores.
Rubén Armando Gil Nieblas, representante de la Unión de Ejidos del Bajo Río Mayo, informó que esa lucha sigue ante la posibilidad de que continúen los amparos por parte de los agricultores.
Se busca establecer en la Ley de Hacienda del Estado y municipios los artículos que se deban aplicar, explicó, para que los productores no la vean de lado y eviten esa responsabilidad con los amparos.
Gil Nieblas dijo que él mismo propuso seguir con los exhortos por parte del Congreso del Estado, como lo hizo Huatabampo en especial, pero que ahora suma a todos los municipios del sur de Sonora.
Señaló que el objetivo es que la Secretaría de Agricultura instruya a las juntas locales de Sanidad Vegetal, que manejan los permisos de siembra, “para que en los requisitos que piden vaya también el recibo de pago del predial”.
“En ese momento, el productor se ve obligado a pedir permiso de siembra, y si no ha pagado el impuesto, lo tiene que hacer”, añadió.
POSIBLE REGRESO
El representante de la Unión de Ejidos del Bajo Río Mayo adelantó que es probable que se regrese el porcentaje ejidal sobre la producción, que podría ser el 2.5 en la producción en granos y el 1.4 en la de hortalizas por hectárea.
Los ejidos luchan cada día para subsistir y un buen mecanismo que ha prevalecido en la producción agrícola es el cobro del impuesto predial, indicó, que deben pagar los agricultores que les rentan la tierra, que equivale a 200 pesos por hectárea.
Sostuvo que, dentro del proceso de cobro, la recaudación está en manos del Ayuntamiento, pero hay productores que no cumplen, por lo que se sigue trabajando para atraer ese pago del cual le corresponde el 50 por ciento al Gobierno Municipal para invertirlos en obras y servicios.
