María Virginia González Ramírez, derechohabiente del ISSSTE en Guaymas, Sonora, denunció presuntas deficiencias en la atención médica que recibió luego de sufrir una fractura de antebrazo, así como la suspensión de su tratamiento de rehabilitación debido, según le informaron, por falta de presupuesto.
Explicó que el año pasado acudió al área de Urgencias de su unidad médica en Guaymas tras sufrir la lesión y el médico que la valoró determinó que necesitaba una reducción de la fractura y la colocación de clavos.
Sin embargo, expuso que el procedimiento no podía realizarse en Guaymas debido a que la unidad no contaba con la capacidad resolutiva necesaria, por lo que se determinó trasladarla al Hospital Regional "Dr. Fernando Ocaranza", en Hermosillo.
NO FUE RECIBIDA EN HERMOSILLO
González Ramírez señaló que, al comunicarse con el hospital de Hermosillo, le informaron que tampoco podían atender su caso y que se planteó la posibilidad de trasladarla directamente a Culiacán, Sinaloa.
La derechohabiente rechazó esta alternativa debido a las dificultades económicas que, aseguró, implicaba trasladarse a otra entidad, particularmente porque los gastos de viáticos no serían cubiertos.
Ante esta situación, solicitó ser enviada a otro hospital, donde finalmente, pudieron atenderla, reducir la fractura, colocarle los clavos y posteriormente inmovilizarle el brazo.
SOLO RECIBIÓ SEIS DE LAS 10 TERAPIAS
Una vez que recibió el alta, regresó al Issste para continuar su seguimiento con el traumatólogo de su unidad médica, el especialista le indicó realizar 10 terapias físicas como parte de su recuperación.
No obstante, González Ramírez afirmó que únicamente pudo recibir seis sesiones, pues posteriormente le informaron que se había terminado el presupuesto destinado para las terapias.
Reveló que personal administrativo le indicó que debía continuar acudiendo a preguntar hasta que se autorizara un nuevo presupuesto para reanudar el tratamiento, pero, cuando volvió a consultar, aseguró que nuevamente ya no había recursos disponibles y las terapias quedaron inconclusas.
"Como derechohabientes tenemos derecho a tener un hospital digno y a recibir una atención de salud digna", expresó, al señalar que el acceso a los servicios de salud es un derecho establecido en la Constitución.
