A siete años del caso de Jorgito, el menor que tenía 12 años cuando fue atropellado durante una persecución militar en Navojoa y que derivó en la amputación de una extremidad inferior, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incurrió en una actuación negligente y ordenó el pago de indemnizaciones a favor del joven y su familia.
El caso corresponde al juicio contencioso administrativo 19847/21-17-12-5/778/25-PL-08-04, proveniente de la Décimo Segunda Sala Regional del TFJA en la Ciudad de México.
De acuerdo con la resolución, se realizaron ajustes a la indemnización correspondiente al daño moral del menor afectado, su madre y sus dos hermanos, tomando en consideración las circunstancias particulares del caso y el principio de reparación integral del daño.
Con el recálculo determinado por el tribunal, al menor le corresponde una indemnización de dos millones 749 mil 531 pesos; para su madre se estableció un monto de un millón 481 mil 185 pesos.
En el caso de sus hermanos, la resolución contempla dos millones 402 mil 39 pesos para el hermano y dos millones 480 mil 225 pesos para la hermana.
En conjunto, las indemnizaciones por daño moral ascienden a nueve millones 112 mil 980 pesos.
La resolución fue analizada bajo la ponencia del magistrado Rafael Estrada Sámano, quien planteó ajustes en los montos para considerar el mayor beneficio posible para el menor, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento.
Uno de los elementos considerados por el tribunal, fue el dictamen pericial relacionado con las consecuencias de las lesiones sufridas por el entonces menor.
El magistrado Rafael Anzures señaló que, debido a que la víctima tenía 12 años cuando ocurrieron los hechos y se reconoció un actuar irregular, se planteó que la atención necesaria sea cubierta de manera integral durante toda su vida.
Entre las medidas consideradas se propuso que los tratamientos médicos y los cambios de prótesis sean proporcionados de manera vitalicia por la autoridad demandada, en sus propias instalaciones médicas, con la finalidad de cubrir las necesidades derivadas de las lesiones.
La determinación del TFJA representa un nuevo avance en el proceso iniciado por la familia, aunque todavía no constituye necesariamente el cierre definitivo del caso. La resolución puede ser impugnada por la Secretaría de la Defensa Nacional ante un tribunal colegiado, por lo que los efectos definitivos de la determinación aún podrían estar sujetos a una nueva revisión judicial.
