La reubicación académica de Tadeo, un estudiante con discapacidad visual cuyo testimonio causó revuelo digital en fechas recientes, será gestionada por la Secretaría de Educación Pública para asegurar la continuidad de su formación académica.
El pronunciamiento se da luego de la mediación del organismo público de derechos humanos, cuyo titular, Cervando Flores Castelo, ofreció una conferencia de medios para fijar postura respecto a la controversia generada a raíz de la denuncia en video realizada por la madre del menor.
Según información de Proyecto Puente, la representación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) advirtió sobre los riesgos inherentes a la exposición mediática en plataformas digitales. La dependencia señaló que el caso ya registraba una alta difusión cuando se entabló la primera interacción con la progenitora.
"Estos temas no se resuelven en redes sociales. Estos temas se resuelven si se plantean directamente en las instancias correspondientes", afirmó, el presidente de la CEDH.
El presidente del organismo enfatizó que las controversias de esta índole requieren un tratamiento formalizado ante las autoridades competentes y no mediante debates públicos en línea. De acuerdo con sus declaraciones, la discusión en plataformas digitales tiende a polarizar a la opinión pública e introduce versiones erróneas que terminan por perjudicar de manera sustancial la trayectoria y la imagen de las partes involucradas.
Como medida preventiva e integral, la CEDH y la directiva de la escuela donde ocurrieron los hechos acordaron la implementación de capacitaciones orientadas al fomento de la inclusión y el respeto mutuo. Estos espacios formativos estarán dirigidos a docentes, personal administrativo, estudiantes y padres de familia. Asimismo, la comisión contempla replicar estos programas informativos en otras instituciones educativas de la región para consolidar entornos escolares más accesibles.
Con estas acciones, el organismo busca transformar una controversia social en una oportunidad de aprendizaje institucional, reiterando que la garantía de los derechos de la niñez y la creación de aulas incluyentes deben construirse mediante el diálogo directo, la sensibilización de la comunidad escolar y el estricto apego a los canales normativos.
