El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sonora calificó como una "ley mordaza" la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que limita a dirigentes y partidos de oposición el uso de expresiones como "narco partido" o "narcogobierno" para referirse a Morena.
La presidenta del PRI Sonora, Guadalupe Soto Holguín, afirmó que la organización defenderá la libertad de expresión y recurrirá a las vías legales disponibles para impugnar la medida.
"Vamos a defender la libertad de expresión como uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia y rechazamos cualquier intento de censura a la crítica política", señaló la dirigente priista.
La resolución del INE ordenó a diversos actores políticos retirar publicaciones en redes sociales en las que se utilizan calificativos relacionados con presuntos vínculos entre Morena y el crimen organizado. La medida incluye restricciones para figuras de oposición como dirigentes del PRI y del PAN.
Soto Holguín cuestionó que las autoridades electorales determinen qué expresiones pueden formar parte del debate público y afirmó que el partido continuará señalando temas relacionados con seguridad, violencia e irregularidades que consideren de interés ciudadano.
"¿Es calumnia hablar con la verdad? La democracia se fortalece cuando las ideas pueden confrontarse libremente y cuando ninguna autoridad pretende decidir qué voces pueden hablar y cuáles deben guardar silencio", expresó.
La dirigente del PRI Sonora aseguró que el partido exigirá al INE actuar con imparcialidad y aplicar las normas bajo los mismos criterios para todas las fuerzas políticas.
Asimismo, indicó que impulsarán una agenda en defensa de las libertades democráticas con la participación de ciudadanos, académicos, periodistas y organizaciones civiles. "No buscamos privilegios, exigimos reglas parejas. No pedimos excepciones, exigimos legalidad", afirmó Soto Holguín.
Finalmente, el PRI Sonora sostuvo que continuará utilizando los mecanismos legales para informar a la ciudadanía, presentar críticas y exigir cuentas a quienes ejercen cargos públicos, bajo el argumento de que la libertad de expresión debe garantizarse para todos los sectores de la sociedad.
