Dentro de la propuesta para formar el nuevo sistema de protección civil para Sonora, se considera incorporar a la estructura del Instituto un Consejo Ciudadano integrado por cinco representantes de instituciones académicas, científicas y de la sociedad civil.
De acuerdo al reporte del coordinador de asesores, Álvaro Bracamonte Sierra, estas figuras deberán ser especializadas con facultades de contraloría social, vigilancia del uso de recursos, evaluación del desempeño institucional, seguimiento de metas y resultados.
El funcionario detalla que la finalidad central de reformar el Sistema Estatal es institucionalizar la prevención, mitigación y planificación del riesgo, garantizando continuidad en las políticas públicas más allá de los ciclos políticos, así como profesionalizar la toma de decisiones con base en evidencia científica y criterios técnicos especializados.
Además, para garantizar las credenciales técnicas y de integridad del personal operativo, se contemplan requisitos mínimos de formación profesional y técnica para el ingreso y desempeño de inspectores o agentes de campo, entre ellos controles de confianza.
Mientras que para fortalecer la rendición de cuentas se contempla en la propuesta que el titular del Instituto comparezca periódicamente ante el Congreso del estado, por ejemplo, de manera semestral; además se indica que deberá presentar informes de resultados en prevención, mitigación de riesgos, fortalecimiento institucional y capacitación.
Para ello se otorgarán al Instituto atribuciones normativas, de planeación, análisis técnico, capacitación, profesionalización, educación y resilencia urbana, así como facultades para emitir recomendaciones de aplicación obligatoria en uso de suelo y construcción en zonas de riesgo, para ordenar la realización y actualización de atlas de riesgo, y para establecer y operar un sistema estatal único de alerta temprana.
Se propone también que sea el ente rector de la capacitación y certificación de las unidades de protección civil municipales y estatales, y que lleve a cabo la supervisión del cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades de protección civil.
