Mayos y Guarijíos lanzan nuevas exigencias en Sonora durante visita del presidente de la SCJN

Comunidades indígenas solicitaron atención a obras inconclusas, servicios básicos, amparos electorales y derechos territoriales durante movilización

Representantes indígenas se manifestaron en Vícam durante la visita del presidente de la SCJN para exigir atención a obras, servicios y procesos de consulta.
Representantes indígenas se manifestaron en Vícam durante la visita del presidente de la SCJN para exigir atención a obras, servicios y procesos de consulta.

Representantes de comunidades Mayo y Guarijío se manifestaron este viernes en Vícam, Sonora, durante la visita del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La movilización se realizó en las instalaciones de la Universidad del Pueblo Yaqui, donde el titular del máximo tribunal del país acudió a inaugurar un módulo del Instituto Federal de Defensoría Pública. De acuerdo con organizadores, cerca de 80 personas provenientes de distintas comunidades indígenas acudieron al lugar con la intención de exponer sus demandas y solicitar diálogo con autoridades federales.

Entre los representantes que encabezaron la protesta se encontraban Héctor Zaira Enríquez, gobernador tradicional de la comunidad de Macoragui; Celia Sánchez y María del Rosario Arboleda.

EXIGEN ATENCIÓN A OBRAS, AGUA Y SERVICIOS BÁSICOS

Entre las principales solicitudes se encuentran obras de infraestructura, acceso al agua potable, regularización de tierras, vivienda, caminos, servicios de salud y cumplimiento de los llamados planes de justicia para pueblos originarios.

Héctor Zaira Enríquez explicó que muchas de las necesidades continúan sin resolverse pese a acuerdos previos establecidos con instancias gubernamentales, por lo que decidieron acudir directamente durante la visita del presidente de la SCJN.

También solicitaron la revisión de amparos promovidos contra la reforma electoral de Sonora, mediante la cual se homologaron las elecciones estatales con las federales y se redujo el periodo de la gubernatura estatal a tres años.

De acuerdo con los inconformes, dichas modificaciones debieron incluir mecanismos de consulta dirigidos específicamente a pueblos indígenas, ya que consideran que las reformas impactan directamente a las comunidades originarias.

Finalmente, los representantes advirtieron que, en caso de no obtener respuesta por parte de autoridades judiciales y federales, buscarán presentar sus planteamientos ante otras instancias nacionales, incluido el Congreso de la Unión.


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