Ante la división surgida entre grupos del Ejido Antonio Rosales Capetamaya, que exigen la devolución de 1,660 hectáreas ubicadas al sur de Navojoa
Por: Raúl Armenta Rincón
Es necesario que la Sedatu determine quiénes son los verdaderamente acreditados y validados por documentos notariados.
Así lo informaron directivos del Comité Particular Único del Nuevo Centro de Población Agrícola (NCPA) Antonio Rosales, quienes fueron recibidos por Oscar Librado Gutiérrez, representante de la Procuraduría Agraria en Sonora, y Roberto Robles Esquivel, representante de la Sedatu, en reuniones realizadas en Hermosillo.
Estas pláticas son por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del Procurador Agrario nacional, Luis Hernández Palacios, dijo Oscar Valenzuela Leal, asesor legal de dicho comité.
Desconoció a Arturo Osorio Valenzuela, asesor jurídico del otro grupo, ya que no han mostrado documentación probatoria y han usurpado funciones, en perjuicio de esta lucha por la recuperación de tierras que se recibieron por una resolución presidencial de 1960.
“El único comité reconocido por las autoridades es el que conforman Ceferino Estrada García, como presidente; Jesús Estrada García, secretario; Pablo Romero Zazueta, tesorero, y un servidor, como apoderado legal, en tanto que Miguel Ángel Flores González, Humberto Barraza del Toro y Leonel García Molina, ya no deben ostentarse como directivos”, sostuvo Valenzuela Leal.
Dijo que ya no son tiempos de invasiones de terrenos, ni de tomas de carreteras, que son ilegales, “y por eso nos deslindamos de responsabilidades ante la Sedatu”.
“Nosotros no peleamos pozos, ni la planta cervecera Tecate, sino solamente las tierras de riego del predio Capetamaya”, precisó.
