Durante años, las deficiencias del Hospital General "Dr. Fernando Ocaranza" del ISSSTE fueron acumulándose hasta convertirse en una crisis que ya no se limita al mantenimiento de un edificio. Fallas eléctricas, problemas de climatización, drenaje, filtraciones, elevadores, instalaciones hidrosanitarias y condiciones de seguridad han provocado protestas de trabajadores y derechohabientes, mientras Protección Civil documentó decenas de observaciones y las autoridades federales mantienen un programa de rehabilitación.
El conflicto tomó fuerza en junio, cuando el personal denunció que el hospital operaba en condiciones que dificultaban garantizar una atención segura. La exigencia central dejó de ser únicamente reparar equipos, por lo cual, trabajadores, sindicatos y derechohabientes comenzaron a reclamar la construcción de un nuevo hospital.
La dimensión de la crisis quedó expuesta el 15 de junio de 2026, cuando trabajadores bloquearon durante horas el bulevar Morelos, frente al nosocomio. El enfermero Luis Arturo Maldonado describió entonces el deterioro: "No tenemos drenaje, los aires acondicionados no son los adecuados, las instalaciones eléctricas están expuestas; tenemos problemas de iluminación, de higiene, tuberías y agua".
Ese mismo día, la protesta convirtió al hospital en el centro de una disputa pública. Los manifestantes reclamaron que las reparaciones temporales ya no eran suficientes y pidieron una nueva unidad hospitalaria. También señalaron que el inmueble atiende a una población derechohabiente cercana a 300 mil personas, según declaraciones de dirigentes sindicales.
LA VISITA DEL GOBERNADOR
Un día antes del bloqueo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, acudió al hospital y recorrió sus instalaciones. Los trabajadores aprovecharon la visita para entregarle sus demandas y cuestionar directamente las condiciones del inmueble.
"¿Cuándo se nos construye un nuevo hospital? Éste ya no tiene remedio", le dijeron trabajadores durante el recorrido. También solicitaron cambios en la dirección del hospital y expusieron fallas de infraestructura y equipos fuera de servicio.
Durazo respondió que entendía la gravedad del problema, aunque advirtió que la solución no podía resolverse de manera inmediata. "No es de varita mágica, pero se atenderá de inmediato lo que no funciona", declaró.
Posteriormente, el mandatario planteó trabajar con el ISSSTE en la rehabilitación de las instalaciones mientras se avanza hacia la posibilidad de construir un hospital definitivo.
PROTECCIÓN CIVIL: EL PUNTO MÁS DELICADO
La controversia adquirió una nueva dimensión cuando recientemente salió a la luz el contenido de una inspección de Protección Civil realizada el 15 de junio, precisamente el día de la primera protesta.
De acuerdo con el Acta Circunstanciada número 863, obtenida mediante una solicitud de transparencia y difundida el 11 de agosto, la Coordinación Estatal de Protección Civil registró 42 observaciones y señaló incumplimientos relacionados con las condiciones de seguridad del inmueble. Entre ellas aparecen la falta de un Programa Interno de Protección Civil y de un seguro de responsabilidad civil a terceros, además de riesgos electromecánicos, tóxicos, estructurales y físicos, así como deficiencias para enfrentar incendios y realizar una evacuación segura.
El ISSSTE ha precisado que el acta de Protección Civil no constituye por sí misma un dictamen técnico definitivo ni una resolución final sobre el Programa Interno de Protección Civil. El instituto asegura que las observaciones están siendo atendidas como parte del proceso de rehabilitación integral.
Esta diferencia resulta fundamental: mientras trabajadores y algunos actores políticos consideran que las observaciones evidencian condiciones que ameritan el cierre, el ISSSTE sostiene que se trata de hallazgos dentro de un proceso de revisión y corrección.
REPARACIONES
Tras las movilizaciones de junio, el ISSSTE anunció una inversión estimada de 45 millones de pesos para rehabilitación, conservación y fortalecimiento de infraestructura. Aproximadamente 20 millones serían destinados a infraestructura y equipamiento, mientras otros 25 millones corresponderían a acciones prioritarias de conservación y mantenimiento.
El plan contempla cuatro grandes áreas: climatización y energía; instalaciones hidrosanitarias; modernización de espacios médicos; y mejoramiento de hospitalización y consulta externa. Entre las acciones se incluyeron trabajos en chillers, unidades manejadoras de aire, ductos, tuberías y equipos minisplit.
También se anunciaron 30 nuevas camas hospitalarias, destinadas a áreas como cirugía, medicina interna y urgencias.
Pero las obras no han terminado con las inconformidades. El 9 de julio, trabajadores, jubilados y derechohabientes volvieron a bloquear el bulevar Morelos. Denunciaron que continuaban las fallas de climatización y electricidad, además de la suspensión de consultas y el traslado de cirugías a otras instituciones. Una representante de los jubilados informó entonces que al menos 176 pacientes habían tenido que ser intervenidos quirúrgicamente en otros hospitales.
LAS LLUVIAS VOLVIERON A EXHIBIR EL PROBLEMA
El deterioro también se manifestó durante las lluvias de julio. Personal y derechohabientes reportaron filtraciones e inundaciones en distintas áreas, incluso después de que el ISSSTE había informado sobre trabajos de impermeabilización. En algunos espacios el agua llegó a zonas de atención y trabajo.
Durante esas emergencias acudieron elementos de Bomberos y Protección Civil; no fue necesaria una evacuación, de acuerdo con reportes locales.
UNA CRISIS DE ANTAÑO
El problema del Fernando Ocaranza no comenzó en junio de 2026. Trabajadores y derechohabientes han señalado durante años la necesidad de sustituir el inmueble. El propio gobernador había anunciado en 2023 la posibilidad de destinar un terreno para un nuevo hospital de especialidades, proyecto que contemplaba inicialmente 150 camas y una inversión estimada de 2 mil 300 millones de pesos.
La diferencia entre aquella promesa y la situación actual resume el conflicto: mientras el Gobierno federal apuesta por rehabilitar el hospital existente, los trabajadores consideran que el deterioro acumulado hace insuficientes los "parches".
INTERVIENEN LEGISLADORES
La diputada local Gabriela Félix, integrante de la bancada del partido del Movimiento Ciudadano, solicitó formalmente el cierre del hospital ante estos hallazgos. "No podemos esperar a que ocurra una desgracia para actuar", sostuvo. También pidió que, en caso de cierre, se establezca un mecanismo para garantizar la atención médica de los derechohabientes mediante otras instituciones.
Mientras que, por parte del Congreso Federal, Elías Lixa Abimerhi, coordinador de los diputados federales del PAN, recordó que está pendiente la entrega de 2 mil 300 millones de pesos para el proyecto del nuevo Hospital del Issste en Hermosillo "Dr. Fernando Ocaranza", monto anunciado por el Gobierno federal en agosto de 2023.
Ante la falta de atención, afirmó que como grupo parlamentario pondrán nuevamente el tema sobre la mesa para incluirlo en el próximo paquete presupuestal, sin embargo, aclaró que para poder hacer realidad la obra, también se necesitan los votos del resto de las bancadas de todos los partidos que están en San Lázaro.
LA ESPERA...
Actualmente el hospital Fernando Ocaranza permanece en una zona de tensión: el ISSSTE habla de rehabilitación; trabajadores y algunos representantes políticos hablan de sustitución y cierre. En medio quedan pacientes que necesitan atención, empleados que reclaman condiciones seguras y una infraestructura que, después de años de reparaciones y promesas, se ha convertido en el principal símbolo de una crisis de salud pública que ya no puede resolverse únicamente con mantenimiento.
