La Ley de Derechos Indígenas no puede subordinarse a agendas, plazos políticos preconcebidos o urgencias legislativas, además de que debe responder a los reclamos de democracia, justicia y libertad.
Así lo señaló la organización Asamblea de Unidad del Pueblo Yoreme Mayo, integrada por autoridades del Gobierno Tribal y Consejos Supremos de Cobanaros de los Centros Ceremoniales de los Ocho Pueblos.
Al fijar un posicionamiento ante dicha ley, durante una Asamblea General Consultiva realizada en Etchojoa, Indalecio Alcántar Neyoy, vocero de la agrupación, subrayó que, en el fondo de dichos procesos, "está nuestra exigencia de que se respete nuestro derecho a la libre determinación y autonomía".
Señaló que, debido al tamaño del proyecto normativo, que consta de casi 500 artículos, se requiere de más tiempo para una revisión profunda e independiente, es decir, "rechazamos una legitimación apresurada del contenido".
Dijo también que, antes de iniciar cualquier proceso de consulta nacional, es indispensable que sean los propios pueblos y comunidades indígenas quienes definan, de manera libre y colectiva, las reglas del proceso.
Alcántar Neyoy indicó que debe contemplarse, desde una perspectiva intercultural, un acuerdo y/o plan interinstitucional de garantías para la consulta, que establezca el compromiso de cada dependencia, en el ámbito de sus facultades y medidas preventivas, de protección y de rendición de cuentas, para asegurar que la participación de los pueblos y comunidades indígenas se desarrolle en un entorno libre de cualquier forma de coacción, intimidación, amenaza o represalia.
Asimismo, en el posicionamiento, la Asamblea de Unidad demandó la solución a la restitución y defensa del territorio Mayo; derecho a la autodeterminación; respeto y reconocimiento constitucional a las autoridades tribales y tradicionales y norma interna de la Tribu Mayo; respeto a los sitios sagrados y a los valores esenciales de la cultura yoreme.
También pidieron la participación directa en los proyectos ecológicos que elaboran las instituciones gubernamentales; la participación directa en la formulación y operación de proyectos productivos y socioculturales; la revisión de contratos que permiten la explotación y el saqueo indiscriminado de los recursos naturales por personas ajenas a la etnia.
