El Congreso del Estado de Sonora aprobó por unanimidad una reforma que endurece las sanciones contra quienes incumplen con el pago de pensión alimenticia, estableciendo restricciones para la obtención de documentos oficiales como licencias de conducir y pasaportes.
La medida, impulsada por la diputada de Morena, Deni Gastélum, busca garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, particularmente en materia de alimentación, salud y educación.
Con esta reforma, el estado de Sonora se integra formalmente al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, operado por el sistema DIF Nacional, lo que permitirá identificar a deudores en todo el país.
A partir de esta medida, las personas que aparezcan como deudoras no solo enfrentarán obstáculos para tramitar licencias de conducir o pasaportes, sino que también tendrán impedimentos para realizar operaciones legales como la compra-venta de bienes ante notarios públicos.
Además, podrían ver restringida su salida del país mientras mantengan adeudos vigentes, como parte de una estrategia integral para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones.
BUSCAN PROTEGER DERECHOS DE LA NIÑEZ
Durante una entrevista, la legisladora enfatizó que el objetivo principal no es únicamente sancionar, sino visibilizar una problemática que afecta directamente el desarrollo de los menores.
"No puede una persona con una deuda con las infancias andar libremente por las calles. Una persona morosa va a tener consecuencias al momento de sacar su pasaporte para que no pueda salir del país", señaló.
Datos compartidos por la diputada revelan que entre 2023 y 2024 el número de deudores alimentarios en Sonora aumentó un 41%, una cifra considerada alarmante.
Asimismo, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que el 34% de los hogares en la entidad están encabezados por mujeres, muchas de las cuales no reciben el apoyo económico correspondiente para el sustento de sus hijos.
UN CAMBIO LEGAL Y SOCIAL
La diputada subrayó que la pensión alimenticia no se limita únicamente a la alimentación, sino que incluye vivienda, educación, recreación y bienestar integral de los menores.
También destacó que, aunque la falta de empleo es una causa frecuente de incumplimiento, es responsabilidad de los adultos llegar a acuerdos y cumplir con sus obligaciones legales.
La reforma entrará en vigor una vez que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado, momento en el que las autoridades comenzarán a cruzar información para aplicar las restricciones correspondientes.
