Los Comités de Cuenca Río Sonora cuestionaron el nuevo Programa Integral de Remediación Ambiental presentado por autoridades federales, al señalar que carece de garantías presupuestarias, coordinación institucional y acciones suficientes para asegurar la limpieza de las zonas contaminadas tras el derrame de Grupo México, ocurrido hace 12 años.
Los integrantes de los comités rechazaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) les atribuyera confianza en el plan, como señaló la dependencia en un comunicado publicado el 15 de octubre.
"Esto es falso. Lo que los Comités de Cuenca Río Sonora sí manifestamos en la reunión fueron nuestras inquietudes en materia de nuestros derechos humanos y remediación respecto a este plan que, una vez más, llega sin garantías suficientes", expresaron.
El programa fue presentado el 14 de octubre en Ures por la Dirección general de gestión integral de materiales y actividades riesgosas, y contempla la caracterización de 288 kilómetros de la cuenca, la excavación de aproximadamente 100 mil toneladas de material contaminado y la disposición de residuos en centros autorizados de Coahuila y Nuevo León.
Sin embargo, los comités advirtieron que el presupuesto debe ejercerse durante este año, aunque sin certeza de que los recursos se amplíen si persiste la contaminación después de los tratamientos. Además, señalaron que la presa Abelardo L. Rodríguez quedó fuera de las acciones de remediación, pese a que, según indicaron, se había acordado extender los trabajos hasta esa zona.
También cuestionaron la falta de coordinación entre las instituciones responsables y la ausencia de representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en las mesas de diálogo.
Los comités advirtieron que la meta de concluir la remediación a finales de 2026 no garantiza que se elimine la contaminación ni que las comunidades dejen de recibir agua contaminada en sus domicilios.
Sobre las empresas Veolia, Semnsa y Tecnología Ambiental Especializada, encargadas de distintas etapas del programa, señalaron que existen antecedentes y denuncias que consideran preocupantes, incluidas acusaciones de amenazas y hostigamiento contra comunidades organizadas en el caso de Semnsa.
