La Asamblea de Unidad Pueblo Yoreme Mayo, que durante nueve meses realizó protestas en la Coordinación Regional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas , celebró la firma de convenio entre el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, y el director del INPI, Adelfo Regino Montes.
Indalecio Alcántar Neyoy, representante de la Asamblea, informó que, mediante ese acuerdo firmado el fin de semana, la problemática de la tenencia de la tierra será atendida con una perspectiva indígena y no agraria.
"Qué bueno que se abordará esto como un tema de justicia territorial para el pueblo yoreme; precisamente esto es lo que nosotros estuvimos planteando muchas veces; ahora esta ruta se retoma, también gracias a la voluntad y acuerdos tomados con el gobernador Alfonso Durazo Montaño", reconoció.
Señaló que, a 202 años de expedida la primera Constitución, con la reforma al Artículo 2 se está saldando la deuda histórica con los pueblos indígenas al reconocerles su carácter de sujetos colectivos de derecho público y titulares de derechos colectivos y con atribuciones plenas para ejercer su derecho a la libre determinación y autonomía.
En este sentido, explicó, se plantea la firma del convenio con el Poder Judicial Federal, cuyo objetivo es crear un mecanismo de coordinación para establecer un sistema especializado de administración de justicia para los pueblos indígenas y afromexicanos.
"Y, sobre todo, que ese sistema garantice su derecho de acceso a la justicia efectiva, la cual deberá tomar en cuenta sus sistemas normativos y especificidades culturales, además de que deberán ser asesorados por personas traductoras, defensoras especializadas en derechos indígenas y pluralismo jurídico", agregó.
Alcántar Neyoy expresó su confianza en que, con la nueva Suprema Corte, se desarrolle una nueva etapa que consolide los objetivos de las reformas constitucionales en materia indígena y judicial.
