La Asamblea Comunitaria Indígena El Sahuaral está gestionando solución a los casos de despojos de tierra en los núcleos agrarios Salvador Tetapobampo, Miguel de la Madrid, Bemelabampo y 5 de Febrero, en un total de 13 mil hectáreas.
Juan Pérez Gil, dirigente de dicha organización, informó que esos conflictos son muy añejos y fueron causados por particulares, empresas extranjeras y autoridades ejidales, en perjuicio de familias yoremes mayos.
Indicó que el poblado Salvador Tetapobampo involucra la mayor cantidad de hectáreas, con cinco mil 985, mientras que en Miguel de la Madrid son tres mil 608; Bemelapampo, dos mil 88, y 5 de Febrero, mil 600.
Señaló que él ha realizado muchas gestiones ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Procuraduría Agraria y otras instancias del Plan de Justicia, así como ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El dirigente étnico informó que en días pasados acudió ante Concertación Agraria, dependencia del Gobierno del Estado, para seguir avanzando en la solución de esos conflictos del sur de Sonora.
"Hemos tenido buena respuesta ante esta demanda principal, que es la recuperación de tierras, ya que éstas se encuentran en territorio Mayo. Hay que mantenernos unidos, firmes y bien enfocados, en un diálogo respetuoso y armonioso con las autoridades de gobierno", manifestó.
Pérez Gil mencionó que otros puntos que se están abordando, dentro del Plan de Justicia, son el del agua, que tiene que ver con la dotación de agua de la Presa Mocúzari al Río Mayo.
"También el tema de desarrollo, que se refiere a obras como, por ejemplo, la construcción de una carretera artesanal en comunidades de San Ignacio Cohuirimpo, que generarán empleo para muchos indígenas y oportunidades de crecimiento, desarrollo y progreso en dicha zona", añadió.
Finalmente, reiteró su confianza en la presidenta Claudia Sheinbaum y en diversas dependencias, que "han demostrado voluntad para atender las necesidades más sentidas de los pueblos originarios".
Consideró que en ello ha tenido mucho que ver la reforma del Artículo 2 Constitucional, que establece que los indígenas son ahora sujeto de derecho público.
