Es la Entidad con mayor avance en el Índice del WorldJustice Project: Alfonso Durazo
Por: Luis Valenzuela
De acuerdo al Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023, dado a conocer por WorldJustice Project, Sonora es la Entidad que mayor avance ha mostrado en diversos rubros, al pasar del lugar 29 al lugar 20 en áreas como ausencia de corrupción en el Poder Ejecutivo, Gobierno abierto, orden y seguridad y percepción de seguridad entre la población, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
Explicó que, en materia de Gobierno abierto, el Estado fue el mejor posicionado al ubicarse en noveno lugar, en tanto que en participación ciudadana ocupó la sexta posición y en derecho a la información llegó al décimo lugar.
“Hoy, Sonora avanza en la dirección correcta... Nuestro compromiso es firme: seguir combatiendo la corrupción con estrategias efectivas para erradicarla en todos los espacios de la administración pública estatal y convertirnos en ejemplo de honestidad en el ejercicio de Gobierno”, indicó.
En ausencia de corrupción en el Poder Ejecutivo, después de tres años consecutivos en estancamiento, pasó de la posición 29 a la 21 en esta edición.
Respecto al rubro de orden y seguridad se registraron mejoras, avanzando de un puntaje de 0.28 en 2018 a 0.35 en 2023, en tanto que en el indicador ausencia de crimen, mostró una mejora relevante de 0.55 comparado con 0.38 el año anterior.
También se mostraron mejoras en los campos de justicia civil, acceso a la información y asesoría legal, y ejecuciones efectivas de las soluciones en los tribunales civiles y administrativos.
Mencionó que para que el Gobierno cueste menos y sea más efectivo, se emprendió un intenso proceso de digitalización de trámites y servicios para que éstos sean más accesibles para todos y todas, y se cierren las puertas a posibles actos deshonestos de funcionarios de ventanilla.
El titular del Ejecutivo estatal mencionó, entre algunas de las acciones emprendidas por su Gobierno para mejorar estos puntajes, que se amplió la prescripción de los delitos de servidores públicos, se incrementó el tiempo de inhabilitación en faltas administrativas graves y no graves, y se incrementó la pena de prisión por la comisión de delitos de servidores públicos hasta 10 años.
