Alfonso Durazo Montaño, manifestó su respaldo a las investigaciones sobre una presunta red empresarial que habría operado durante más de 25 años y que, de acuerdo con los antecedentes expuestos, habría obtenido contratos millonarios con organismos electorales mediante empresas vinculadas entre sí.
En un posicionamiento público titulado "La democracia no es un negocio", el mandatario señaló que los hermanos Hernández Casillas habrían iniciado su trayectoria en el Gobierno Federal desde 1983 y que, posteriormente, durante distintos gobiernos priistas, comenzaron a obtener contratos con organismos electorales.
HECHOS AISLADOS
De acuerdo con el documento, entre 2014 y 2023 los contratos relacionados con esta presunta estructura habrían superado los 2 mil millones de pesos, además de otros 646 millones de pesos entre 2024 y 2025.
Durazo sostuvo que no se trataría de hechos aislados, sino de una estructura que presuntamente utilizaba empresas vinculadas para simular competencia y aprovechar recursos públicos en beneficio de intereses particulares.
INVESTIGACIONES
El gobernador respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum en su determinación de llegar hasta el fondo de las investigaciones y pidió que se conozca toda la verdad, se determinen las responsabilidades correspondientes y la justicia actúe sin privilegios ni encubrimientos.
Asimismo, cuestionó los señalamientos que pretenden trasladar a Morena la responsabilidad por deficiencias históricas de las instituciones electorales, al considerar que se trata de una estrategia política para disputar el control de dichos organismos y debilitar la credibilidad del proceso de transformación.
ANTECEDENTES
En ese sentido, recordó los antecedentes del Instituto Federal Electoral, señalando que la institución permitió que la Presidencia de la República se conservara sin que, según su posicionamiento, se hubieran ganado legítimamente las elecciones.
Finalmente, Durazo afirmó que la transformación del país no puede permitir que antiguas estructuras de corrupción continúen operando bajo nuevas apariencias y subrayó que ninguna persona, independientemente del gobierno bajo el cual haya surgido o construido sus relaciones, puede estar por encima de la ley.
El mandatario concluyó que las responsabilidades deben establecerse con nombres y apellidos, y que la historia no debe reescribirse para acomodar culpas.
