El gobernador ratificó su negativa a pesar de la persistente manifestación que se lleva a cabo frente al Palacio de Gobierno en Hermosillo
Por: Luis Valenzuela
El gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, ha reafirmado su postura respecto al aumento solicitado por los concesionarios del transporte público, quienes fueron requisados en 2018 y desde entonces han estado en un estado de inconformidad con el apoyo mensual que reciben.
A pesar de la persistente manifestación que se lleva a cabo frente al Palacio de Gobierno en la Plaza Zaragoza, con el estruendo de cornetas y tambores como telón de fondo, Durazo Montaño ha dejado claro que no cederá ante la solicitud de un incremento del 15 por ciento en el apoyo financiero.
El mandatario ha argumentado que existe un acuerdo previo con la administración anterior, en el cual el Gobierno actual se comprometió a desembolsar cerca de 40 millones de pesos anuales a estos concesionarios por un servicio que ya no prestan, dado que sus concesiones fueron revocadas debido al incumplimiento de los términos establecidos.
Esta situación, según Durazo Montaño, coloca a los concesionarios en una posición equiparable a la de los empleados del Gobierno, ya que los recursos asignados podrían ser mejor utilizados en la adquisición de nuevas unidades para mejorar el servicio de transporte público.
"Están en su derecho, están en su libertad, pero no en la razón", afirmó Durazo Montaño en referencia a las demandas de los concesionarios. "No tienen razón en su planteamiento, en primer lugar, porque tenemos un convenio con ellos que vence en mayo, mediante el cual se les paga una cantidad fija de 16 mil pesos. Demandan un incremento del 15 por ciento sobre una concesión que les fue otorgada por el Gobierno del Estado para prestar un servicio, pero según la evaluación realizada en 2016, no estaban cumpliendo con los términos de dicha concesión", explicó.
Para resolver este conflicto, el gobernador ha señalado que aguardará un fallo por parte del Tribunal Federal, al que los concesionarios recurrieron después de que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado desestimara su solicitud de aumento en el pago.
