A 17 años de la tragedia que marcó a Sonora, integrantes del Movimiento 5 de Junio exigieron el cumplimiento total de las sentencias judiciales contra los responsables del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009. Señalaron que aún hay personas condenadas que no han ingresado a prisión, a pesar de que ya no cuentan con recursos legales para evitar su encarcelamiento.
Este mensaje fue expresado en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora, lugar donde concluyó la marcha que partió desde la Guardería ABC. En esta ocasión, alrededor de 400 personas atendieron la convocatoria, mientras que en años anteriores la asistencia alcanzaba cerca de mil participantes.
La vocera del Movimiento, Patricia Duarte, señaló que entre las personas que aún tienen pendiente el cumplimiento de sus condenas se encuentran Antonio Salido Suárez, Fausto Salazar, Jorge Luis Mungaray, Martín Francisco Lugo Portillo, Arturo Dávila Pacheco y Arturo Torres Escalante.
"Estas personas ya no cuentan con ningún recurso legal para seguir evadiendo la prisión", afirmó durante el pronunciamiento público.
Asimismo, destacaron que otras personas sentenciadas ya se encuentran cumpliendo sus condenas, entre ellas Sandra Lucía Téllez Nieves, Noemí López Sánchez y Roberto Total Gutiérrez. Sobre este último, informaron que recientemente fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 11.
No obstante, advirtieron que aún falta que todos los responsables enfrenten las consecuencias legales que les corresponden.
"La lucha sigue en instancias internacionales, donde ya estamos avanzando con el propósito de lograr una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, a favor de la niñez mexicana y de todos los países que forman parte de la Organización de los Estados Americanos", expresó la vocera.
La representante de las víctimas señaló que una eventual resolución favorable tendría alcances regionales.
"Sería una sentencia vinculante que dejaría un precedente para América Latina y para el mundo en materia de protección de los derechos de la niñez", afirmó.
Durante el acto, también hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Alfonso Durazo para impulsar la construcción de un memorial en el lugar donde ocurrieron los hechos.
"La memoria también es parte de la justicia integral. Solicitamos que se inicien las gestiones necesarias para la construcción de un sitio de memoria que represente un acto de justicia, reparación y reconciliación para las familias afectadas y para las personas que han vivido durante años con el recuerdo de esta tragedia", manifestaron.
Los familiares recordaron que han transcurrido 17 años desde el inicio de su lucha por la verdad y la justicia, periodo en el que han contado con el respaldo de organizaciones civiles, instituciones educativas, periodistas, estudiantes y personas de diversas ciudades del país.
Finalmente, los integrantes del movimiento manifestaron su solidaridad con otros grupos afectados por violaciones a los derechos humanos en México, en particular con las familias de personas desaparecidas, migrantes, periodistas desaparecidos y asesinados, así como con las familias de mujeres víctimas de feminicidio.
"La búsqueda de justicia es una causa compartida. Nuestra solidaridad está con todas las familias que continúan exigiendo verdad, memoria y reparación", concluyeron.
