Vinculan a proceso a 13 militares por homicidio de dos niñas en Sinaloa

Autoridades federales avanzan en caso de ataque armado contra una familia; señalan uso excesivo de fuerza

Vinculan a proceso a 13 militares por homicidio de dos niñas en Sinaloa

Trece elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el asesinato de dos niñas, Leidy y Alexa, ocurrido en mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, en Sinaloa.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los militares también enfrentan cargos por tentativa de homicidio contra dos adolescentes y dos adultos, todos integrantes de la misma familia que fue atacada mientras se dirigía a una escuela.

ATAQUE SIN ADVERTENCIA

Según la reconstrucción presentada por la representación legal de las víctimas, los hechos ocurrieron cuando la familia viajaba en una camioneta y se encontró con un bloqueo en la carretera. Al intentar regresar, un convoy militar abrió fuego sin previo aviso.

Inicialmente, las autoridades manejaron la versión de un enfrentamiento; sin embargo, esta narrativa fue desacreditada durante el desarrollo de las investigaciones.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal presentó datos de prueba que apuntan a un uso letal de la fuerza de manera injustificada. La Fiscalía General de la República sostuvo que la actuación de los elementos castrenses fue dolosa, al no apegarse a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

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CUESTIONAN INVESTIGACIÓN MILITAR

El Centro Prodh criticó la existencia de una investigación paralela en la jurisdicción militar, al considerar que contraviene estándares internacionales en materia de derechos humanos, los cuales establecen que violaciones graves deben ser investigadas por autoridades civiles.

Por su parte, la defensa de los militares argumentó que los elementos actuaron bajo un estado de alerta y nerviosismo debido al contexto de violencia que prevalece en la región.

El caso continúa en etapa judicial mientras se determina la responsabilidad penal de los implicados en uno de los hechos que ha generado mayor indignación por el uso de la fuerza pública contra civiles.