La maternidad subrogada podría convertirse en una modalidad de trata de personas en México si prospera una iniciativa que será presentada próximamente ante el Congreso de la Unión. La propuesta contempla sanciones de entre 10 y 20 años de prisión para intermediarios, agencias y despachos involucrados, mientras que las mujeres gestantes quedarían excluidas de cualquier responsabilidad penal.
La iniciativa fue planteada durante la IV Conferencia Internacional de la Declaración de Casablanca, celebrada en Ciudad de México, donde especialistas, abogados, académicos y representantes internacionales pidieron avanzar hacia la prohibición de esta práctica.
SEÑALAN SOBRE VACÍOS LEGALES
Patricia Olamendi Torres, abogada y exintegrante del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, señaló que la gestación subrogada se realiza mediante contratos privados y que entidades como Jalisco y Estado de México concentran parte de esta actividad.
Los especialistas sostienen que la ausencia de una legislación federal específica ha permitido el crecimiento de un mercado dirigido también a extranjeros. Empresas dedicadas al servicio llegan a promocionar paquetes de decenas de miles de dólares y procesos que pueden completarse en pocas semanas.
Quienes impulsan la prohibición consideran que existe una desigualdad entre las mujeres que aceptan gestar por necesidad económica y quienes contratan el procedimiento con mayores recursos. También alertan sobre posibles casos de coerción, retención de documentos, traslados y aislamiento.
La postura, sin embargo, enfrenta críticas de organizaciones que defienden la regulación y argumentan que prohibir la práctica puede desconocer la autonomía de las mujeres que deciden participar voluntariamente.
DERECHOS DE LOS RECIÉN NACIDOS
Otro de los argumentos expuestos se relaciona con el derecho a la identidad y al conocimiento del origen biológico. Olivia Maurel, nacida mediante gestación subrogada, relató las dificultades personales que atribuye a la separación de su madre biológica.
Los promotores de la Declaración de Casablanca sostienen que el debate debe centrarse en la protección de mujeres y menores, mientras continúa la discusión internacional sobre los límites éticos y jurídicos de esta práctica.
