La muerte de Miriam Cruz, de 55 años, y su nieta Ariana, de 12, conmocionó al municipio de Ostuacán y desató una serie de hechos violentos que culminaron con la muerte de uno de los dos presuntos implicados en el doble feminicidio. El segundo señalado resultó gravemente herido luego de que pobladores los agredieran cuando eran trasladados por las autoridades.
La desaparición de ambas ocurrió el 19 de octubre de 2026, cuando salieron a revisar ganado en un predio de la ranchería Tanchichal y no regresaron. La búsqueda terminó con el hallazgo de Miriam el día 21, a la orilla de un arroyo, envuelta en bolsas y lonas. El cuerpo de la menor fue localizado el 23 de octubre; los reportes indicaron que presentaba signos de estrangulamiento y agresión sexual. En el caso de la mujer adulta, la causa de muerte reportada fue una hemorragia aguda por lesiones en los principales vasos sanguíneos del cuello ocasionadas con un objeto punzocortante.
El sábado 24 de octubre, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, informó sobre la detención de dos sospechosos. Sin embargo, la noticia no frenó la indignación de los habitantes, quienes interceptaron a los detenidos y los golpearon. Uno murió durante la agresión; algunas versiones señalaron que fue decapitado, mientras que el otro fue trasladado para recibir atención médica por la gravedad de sus lesiones.
Los disturbios estuvieron acompañados de bloqueos, interrupciones del servicio eléctrico y sobrevuelos de helicópteros, mientras elementos de seguridad intentaban recuperar el control de la zona. Ante la tensión, el gobernador pidió a la población no tomar la justicia por propia mano y advirtió que quienes participaron en las agresiones podrían enfrentar consecuencias legales.
El caso generó exigencias de justicia para Miriam y Ariana, así como llamados de colectivos feministas, entre ellos 50+1, para que las investigaciones se desarrollen con perspectiva de género. La indignación también evidenció la preocupación social por la violencia contra las mujeres y la desconfianza de algunos habitantes hacia las instituciones.
Las autoridades enfrentan ahora el reto de esclarecer los asesinatos y determinar las responsabilidades por el linchamiento. Mientras continúan las exigencias de justicia, lo ocurrido en Ostuacán vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer la prevención de la violencia feminicida y garantizar que los delitos sean investigados y sancionados conforme a la ley.
