La decisión del Gobierno federal de mantener bajo reserva durante cinco años la información relacionada con el esquema de seguridad que protege la finca del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en Palenque, Chiapas, desató una nueva confrontación pública con el empresario Ricardo Salinas Pliego.
Luego de que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que los detalles del operativo permanecerán clasificados hasta 2031, el presidente de Grupo Salinas criticó la medida a través de sus redes sociales y cuestionó la falta de transparencia en el uso de recursos públicos.
"VAMOS A VER DÓNDE TERMINAN ÉL Y SUS HIJOS"
En una publicación en redes sociales, el empresario lanzó un mensaje dirigido al exmandatario y a su entorno familiar al escribir: "Vamos a ver dónde terminan él y sus hijos", comentario con el que puso en duda las consecuencias que podrían tener las decisiones tomadas durante y después del sexenio de López Obrador.
La polémica surge porque la reserva impide conocer información clave sobre el dispositivo de protección en la propiedad del exjefe del Ejecutivo, como el presupuesto destinado al operativo, el número de elementos de las Fuerzas Armadas asignados, la infraestructura utilizada y los contratos relacionados con la logística del resguardo.
Salinas Pliego también retomó una de las promesas que López Obrador realizó durante su carrera política, cuando aseguró que al concluir su mandato no necesitaría escoltas ni protección especial porque "el pueblo lo cuidaría". Para el empresario, la clasificación de la información contrasta con ese discurso de austeridad y alimenta el debate sobre el uso de recursos públicos.
La controversia se suma a la larga lista de diferencias entre el magnate y los gobiernos encabezados por Morena, marcadas por disputas fiscales y regulatorias. En esta ocasión, el empresario centró sus críticas en la transparencia del gasto destinado a la seguridad del expresidente.
El intercambio de declaraciones volvió a colocar en la conversación pública temas como la rendición de cuentas, el acceso a la información gubernamental y el equilibrio entre la seguridad de exfuncionarios y el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se ejercen los recursos públicos.
