La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la solicitud del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, para atraer un recurso judicial relacionado con el amparo que promovió contra un auto de formal prisión por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La decisión del máximo tribunal implica que el asunto continuará su trámite ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, instancia que deberá resolver el recurso de revisión incidental presentado por la defensa del exmandatario.
De acuerdo con la información del expediente, Yarrington buscaba revertir la negativa de un juez federal a concederle la suspensión definitiva para frenar los efectos del auto de formal prisión dictado el 25 de junio de 2025, mientras se resolvía el juicio de amparo.
La Suprema Corte determinó desechar la petición de atracción debido a que la solicitud fue presentada por una parte que no estaba legitimada para promoverla directamente. Además, ninguno de los ministros manifestó su intención de hacer suya la petición para que el máximo tribunal interviniera en el asunto.
Con esta determinación, la SCJN no resolvió el fondo de las acusaciones que enfrenta el exgobernador ni emitió un pronunciamiento definitivo sobre su responsabilidad penal en este proceso. El recurso continuará su curso en el órgano jurisdiccional correspondiente.
¿POR QUÉ LA CORTE RECHAZÓ LA SOLICITUD DE YARRINGTON?
La petición de la defensa tenía como objetivo que la Suprema Corte atrajera el recurso relacionado con la negativa de suspender los efectos del auto de formal prisión. Sin embargo, la facultad de atracción está sujeta a requisitos procesales y no puede ejercerse únicamente por la solicitud directa de una parte que carezca de legitimación para promoverla.
En este caso, al no existir un ministro que hiciera suya la petición, la Corte desechó la solicitud y dejó el expediente en manos del tribunal colegiado competente.
El procedimiento está relacionado con uno de los procesos penales que enfrenta Yarrington en México. El auto de formal prisión de junio de 2025 se suma a otras resoluciones judiciales emitidas ese año en causas relacionadas con presuntos delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La negativa de la SCJN tampoco significa, por sí misma, que se haya dictado una nueva sentencia condenatoria en su contra dentro de estos expedientes. La situación jurídica del exgobernador deberá definirse conforme avance cada procedimiento.
DE ESTADOS UNIDOS AL PENAL DEL ALTIPLANO
Tomás Yarrington gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004 bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), organización política que lo expulsó de sus filas en 2016, en medio de señalamientos relacionados con presuntos actos de corrupción y otros delitos.
En abril de 2017 fue detenido en Florencia, Italia, a partir de acusaciones formuladas por autoridades mexicanas. Posteriormente, en 2018, fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó un proceso por lavado de dinero.
En 2021, el exmandatario se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero ante la justicia estadounidense. En marzo de 2023 recibió una condena de nueve años de prisión.
Tras salir de prisión en Estados Unidos, fue deportado a México el 9 de abril de 2025 y entregado a las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana, Baja California. Ese mismo día fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, en el Estado de México.
Desde su regreso al país, Yarrington ha enfrentado diversos procedimientos judiciales. La resolución de la Suprema Corte representa un nuevo episodio en su estrategia legal, aunque no pone fin a los procesos penales que siguen pendientes.
Por ahora, el recurso relacionado con la suspensión del auto de formal prisión permanecerá en el tribunal colegiado, mientras las autoridades judiciales continúan con la revisión de los asuntos conforme a las etapas y reglas previstas en la legislación mexicana.
