La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió resoluciones que marcan un precedente en el acceso a la interrupción legal del embarazo en México, al invalidar normas que criminalizaban el aborto y establecer un criterio que amplía los efectos de los amparos en materia de derechos reproductivos.
El máximo tribunal determinó que diversas disposiciones de la Constitución y su Código Penal, que protegían la vida "desde la fecundación" y sancionaban el aborto, vulneraban derechos fundamentales como la autonomía reproductiva, la igualdad, la no discriminación y el acceso a la salud. .
El proyecto fue elaborado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien subrayó que la protección de la vida prenatal no puede anular los derechos de las mujeres y personas gestantes, especialmente cuando las restricciones generan barreras para acceder a servicios de salud seguros.
ORDENAN GARANTIZAR ATENCIÓN MÉDICA SIN BARRERAS NI DISCRIMINACIÓN.
Como parte de la sentencia, la SCJN ordenó a las autoridades implementar medidas concretas para garantizar el acceso efectivo a la interrupción del embarazo. Entre estas acciones destacan la capacitación del personal médico, programas de difusión, talleres para evitar la criminalización y la obligación de brindar atención sin discriminación.
El fallo también redefine el alcance del principio de relatividad en los amparos. Tradicionalmente, este principio establece que las resoluciones solo benefician a quienes las promueven; sin embargo, la Corte precisó que este criterio no impide dictar medidas generales cuando se acreditan afectaciones estructurales.
En este sentido, se distingue entre "interés jurídico", que protege afectaciones individuales, e "interés legítimo", que permite impugnar problemáticas que afectan a colectivos.
En la práctica, esto permitirá eliminar barreras en hospitales, evitar negativas de atención, garantizar personal capacitado y combatir prácticas discriminatorias, consolidando el acceso real a servicios de salud reproductiva.
Con estas resoluciones, la SCJN no solo invalidó normas restrictivas, sino que también fortaleció el amparo como una herramienta para generar cambios estructurales. El objetivo, de acuerdo con el tribunal, es que los derechos reconocidos en la ley se traduzcan en servicios accesibles y efectivos en la vida cotidiana.
