Tras el reciente debate sobre el alcance de las facultades del Estado para combatir delitos financieros, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite a la Unidad a la Inteligencia Financiera mantener la inmovilización de cuentas bancarias durante el desarrollo de investigaciones.
Durante su conferencia matutina de este miércoles 8 de abril, la mandataria explicó que el nuevo criterio judicial respalda lineamientos que ya habían sido definidos previamente por instancias del Poder Judicial, y que ahora buscan fortalecer las capacidades de investigación en materia de lavado de dinero.
RESPALDA FALLO DE LA CORTE QUE FORTALECE A LA UIF
Sheinbaum detalló que la UIF, órgano adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene como función principal prevenir operaciones ilícitas mediante el seguimiento de movimientos financieros vinculados con delitos como corrupción, delincuencia organizada y actividades económicas ilegales.
En ese sentido, recordó que si bien la facultad de inmovilizar cuentas ha existido históricamente, diversas resoluciones judiciales habían limitado su aplicación efectiva. Estas restricciones, señaló, permitían que los afectados obtuvieran suspensiones automáticas a través de amparos, lo que les daba la posibilidad de retirar los recursos antes de que concluyeran las investigaciones.
"La función de la UIF es evitar el lavado de dinero, sea por corrupción, por delincuencia organizada o delincuencia de cuello blanco, para eso lleva investigaciones de manera permanente", afirmó.
La presidenta subrayó que, con el nuevo criterio avalado por la Corte, se evita que las medidas queden sin efecto práctico, ya que ahora la autoridad podrá mantener el bloqueo de cuentas mientras se desarrollan las indagatorias correspondientes.
"La UIF ya no podía inmovilizar cuentas. Enseguida, después de la inmovilización, venía un amparo con suspensión automática que permitía retirar el dinero, dejando sin efecto el trabajo de investigación", explicó.
Asimismo, puntualizó que las acciones de la UIF no afectan a personas o empresas sin vínculos con actividades ilícitas, al asegurar que las investigaciones se centran únicamente en casos donde existen indicios de irregularidades.
La resolución se inscribe en una discusión más amplia sobre el equilibrio entre el combate a delitos financieros y la protección de los derechos legales de los ciudadanos, particularmente en lo que respecta al uso del amparo como mecanismo de defensa frente a actos de autoridad.
