La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que la detención y el proceso penal contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, formen parte de una persecución política y aseguró que las acusaciones en su contra corresponden a una investigación por presuntos delitos relacionados con el contrabando de combustible.
Durante su conferencia matutina de este martes 28 de julio, la mandataria respondió al pronunciamiento del Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), cuyos integrantes calificaron el arresto del exmandatario estatal como una supuesta "venganza política".
Sheinbaum afirmó que los expresidentes y exfuncionarios que respaldaron el comunicado están equivocados y consideró necesario que conozcan la información presentada por la Fiscalía General de la República (FGR).
"Más allá de las personas, sería muy bueno que se informaran, que siguieran la información que ha dado la Fiscalía General de la República. Porque, repito, no tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal", declaró.
Sheinbaum señala presunto contrabando de combustible
La presidenta explicó que las investigaciones contra Ruffo Appel están relacionadas con una presunta operación de importación y traslado ilegal de combustible que habría funcionado durante varios años.
Aclaró que deberá respetarse la presunción de inocencia del exgobernador mientras no exista una sentencia definitiva, pero sostuvo que las autoridades ministeriales presentaron pruebas suficientes para obtener una orden judicial.
"Es un tema de, obviamente, hasta que no quede juzgado, de una persona que presuntamente, de acuerdo con todas las pruebas, cometió graves delitos por contrabandear combustible, así de sencillo", expresó.
Sheinbaum añadió que las conductas investigadas habrían provocado afectaciones a la hacienda pública debido al supuesto ingreso ilegal de hidrocarburos al país.
"Cometer un fraude a la hacienda pública y traer durante años combustible ilegal. Entonces, quienes firman diciendo que es un asunto político, están equivocados", sostuvo.
FGR vincula el caso con una presunta red de contrabando
De acuerdo con la información difundida por la FGR, un juez federal vinculó a proceso el pasado 23 de julio a Ernesto Ruffo Appel y a otras siete personas por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la legislación en materia de hidrocarburos.
La institución federal negó que el procedimiento responda a motivaciones políticas y señaló que las investigaciones se iniciaron después del hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Coahuila.
A partir de ese descubrimiento, las autoridades presuntamente identificaron una estructura dedicada a importar combustible por ferrocarril.
Según la investigación, los involucrados habrían declarado únicamente el 10 por ciento del contenido real transportado en los contenedores, lo que habría permitido evadir contribuciones fiscales.
Sheinbaum defendió la actuación de la Fiscalía y afirmó que el expediente cuenta con elementos que permitieron a un juez autorizar la orden de aprehensión y posteriormente resolver la situación jurídica de los imputados.
"Hay suficiente información por parte de la Fiscalía para obtener una orden de aprehensión de un juez. Siguen las investigaciones y es esta persona junto con otros siete que fueron detenidos por este delito", indicó.
Expresidentes denuncian "venganza política"
El Grupo IDEA publicó el lunes 27 de julio un comunicado en el que afirmó que la detención de Ruffo Appel reúne "características inequívocas de una persecución política instrumentada desde el poder".
El documento fue firmado por figuras como los expresidentes mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox; José María Aznar, de España; Álvaro Uribe, de Colombia; Mauricio Macri, de Argentina, y Mario Abdo Benítez, de Paraguay, entre otros exmandatarios iberoamericanos.
La organización describió a Ruffo Appel como el primer gobernador de oposición democráticamente electo en la historia de México y relacionó su proceso penal con un supuesto debilitamiento del Estado de derecho y del sistema judicial mexicano.
Antes de ser detenido, el exgobernador de Baja California negó haber participado en actividades ilegales y aseguró que colaboraría con las autoridades para aclarar las acusaciones. Dirigentes y representantes de la oposición también han señalado que el procedimiento tendría motivaciones políticas.
Sin embargo, Sheinbaum reiteró que el caso debe analizarse con base en las pruebas y las investigaciones de la FGR, y no a partir de la trayectoria política de Ruffo Appel o de los posicionamientos de exmandatarios extranjeros.
