La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que su Gobierno haya negociado con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, la detención del exfiscal estatal César Jáuregui. La mandataria sostuvo que el procedimiento responde a investigaciones ministeriales y aseguró que corresponde a la Fiscalía presentar las pruebas ante las autoridades judiciales.
El caso ha provocado tensiones políticas entre el Gobierno federal y la administración panista de Chihuahua, luego de que saliera a la luz la participación de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en un operativo antidrogas realizado en abril, presuntamente sin autorización de la Cancillería mexicana.
SHEINBAUM NIEGA ACUERDOS POLÍTICOS CON MARU CAMPOS
Durante su conferencia matutina del martes 20 de octubre, Sheinbaum negó que existiera un acuerdo entre el Gobierno federal y la gobernadora de Chihuahua para proceder contra el exfiscal.
La presidenta señaló que la detención debe analizarse a partir de las pruebas reunidas por las fiscalías responsables de las investigaciones y no desde interpretaciones políticas.
"Hoy es la audiencia y ahí va a presentar la Fiscalía todas las pruebas que tiene. Eso es. No hay más", afirmó la mandataria.
Sheinbaum también indicó que no le corresponde determinar si Maru Campos debe ser exonerada o procesada por estos hechos, pues esa decisión debe basarse en las investigaciones y en los elementos que presenten las autoridades ministeriales.
La presidenta ha sostenido que la participación de agentes estadounidenses en el operativo sin el consentimiento del Gobierno federal podría constituir una violación a la legislación de seguridad nacional.
LA DETENCIÓN DE CÉSAR JÁUREGUI PROVOCA TENSIONES EN CHIHUAHUA
La captura del exfiscal estatal generó cuestionamientos dentro del Partido Acción Nacional (PAN), que gobierna Chihuahua y había respaldado a Maru Campos ante la polémica por la presencia de agentes de la CIA.
El abogado de Jáuregui, Luis Villegas, acusó a la gobernadora de haber abandonado a su antiguo colaborador después de que este la defendiera durante la controversia. Según sus declaraciones, la detención habría ocurrido en un contexto político complicado, aunque estas afirmaciones forman parte de la postura de la defensa.
Por su parte, Campos difundió un mensaje en redes sociales en el que marcó distancia del exfiscal y aseguró que ninguna persona que haya trabajado en su administración está por encima de la ley.
La gobernadora afirmó que las autoridades deben actuar sin proteger ni perseguir a nadie y sostuvo que la aplicación de la justicia debe realizarse sin distinciones.
EL OPERATIVO CON AGENTES DE LA CIA QUE DESATÓ EL ESCÁNDALO
La controversia comenzó después de un accidente carretero en la Sierra Tarahumara, en el que murieron dos agentes estadounidenses identificados como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, además de dos integrantes de la Fiscalía de Chihuahua.
El grupo regresaba de un operativo en el que fue desmantelado un presunto laboratorio de drogas en la comunidad de El Pinal.
La participación de los agentes estadounidenses generó cuestionamientos debido a que, de acuerdo con la información publicada sobre el caso, habrían intervenido directamente en las acciones antidrogas sin contar con la autorización correspondiente del Gobierno federal mexicano.
Las primeras explicaciones de las autoridades de Chihuahua señalaron que los estadounidenses trabajaban en la embajada. Posteriormente, se afirmó que no habían participado en el operativo y que únicamente se encontraron con los agentes estatales durante el regreso a la capital.
Los cambios en las versiones incrementaron las dudas sobre lo sucedido. Meses después, las investigaciones de las fiscalías federal y estatal apuntaron a que los agentes estadounidenses sí habrían tenido una participación directa en el desmantelamiento del laboratorio.
ARIADNA MONTIEL PIDE INVESTIGAR A MÁS FUNCIONARIOS
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, también rechazó que exista un acuerdo político entre el Gobierno federal y Maru Campos para responsabilizar únicamente a César Jáuregui.
Montiel consideró que las investigaciones deben continuar hasta esclarecer la participación de todos los funcionarios involucrados en el operativo.
Además, señaló que debe revisarse la actuación de Guillermo Arturo Zuany Portillo, fiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua y subordinado de Jáuregui, a quien se ha relacionado con la planeación de las acciones en las que participaron los agentes estadounidenses.
De acuerdo con información citada por medios locales, Zuany Portillo se encontraría prófugo, aunque su situación deberá ser esclarecida por las autoridades correspondientes.
El caso mantiene la atención sobre la relación entre los gobiernos federal y estatal, así como sobre los límites legales de la colaboración con agencias extranjeras en operativos de seguridad dentro de México.
Por ahora, Sheinbaum insiste en que la responsabilidad de determinar posibles delitos corresponde a las fiscalías y a las autoridades judiciales, mientras continúan las investigaciones para establecer qué funcionarios participaron y si existieron violaciones a la legislación mexicana.
