La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles 15 de julio que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa para crear la Ley General en Materia de Feminicidio, la cual busca establecer las mismas sanciones y reglas de investigación en las 32 entidades de México.
La propuesta contempla penas de entre 50 y 70 años de prisión para las personas responsables de cometer este delito. También incluye 19 circunstancias agravantes que podrían aumentar las sanciones, dependiendo de las condiciones en las que ocurrió el crimen.
Entre los agravantes se encuentra que la víctima sea una niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada o persona con alguna discapacidad.
La iniciativa será analizada durante el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que comenzará en septiembre. De acuerdo con Sheinbaum, el objetivo principal es reducir la impunidad y garantizar que todas las fiscalías del país investiguen los feminicidios bajo los mismos criterios.
¿Por qué se propone una Ley General contra el feminicidio?
Actualmente, cada uno de los 32 estados del país cuenta con su propia definición del delito de feminicidio, además de diferentes sanciones, protocolos y formas de investigación.
Esta situación ha provocado que algunos casos sean investigados de manera distinta dependiendo de la entidad en la que ocurrieron. También se han identificado retrasos, falta de protocolos especializados y diferencias en la manera de reconocer las razones de género.
La nueva Ley General pretende solucionar este problema mediante un marco único que será obligatorio en todo México.
La iniciativa fue posible después de que el pasado 6 de mayo se reformó el artículo 73 de la Constitución, con el propósito de facultar al Congreso de la Unión para expedir una legislación general en materia de feminicidio.
Sheinbaum destacó que dicha reforma constitucional fue aprobada por todas las fuerzas políticas y permitirá homologar las investigaciones y sanciones.
¿Cómo se definiría el delito de feminicidio?
La propuesta establece que comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género.
Para determinar si existieron estas razones, se contemplan 10 circunstancias. Entre ellas se encuentran los signos de violencia sexual, los antecedentes de agresiones contra la víctima, las amenazas, la relación violenta con el responsable y la existencia de una desigualdad o asimetría de poder.
También se considerará si el crimen estuvo motivado por estereotipos, prejuicios o discriminación contra las mujeres.
La presidenta explicó que el feminicidio representa la expresión más grave de la violencia de género, debido a que consiste en quitarle la vida a una mujer por el hecho de ser mujer.
"Es un delito de odio, asociado a ser mujer", expresó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
Buscan evitar que los feminicidios sean considerados suicidios
Sheinbaum reconoció que, aunque se ha registrado una disminución en los homicidios, continúan ocurriendo feminicidios en el país y muchos de ellos siguen sin recibir una sanción.
La mandataria señaló que algunas fiscalías todavía clasifican inicialmente como suicidio la muerte violenta de una mujer, incluso cuando existen indicios de violencia familiar o la posible participación de una pareja o familiar.
También mencionó que algunas investigaciones tardan demasiado tiempo en avanzar.
La nueva ley obligaría a las fiscalías a investigar desde el inicio con perspectiva de género y a evitar, en la medida de lo posible, que una muerte violenta sea catalogada como suicidio sin realizar todas las diligencias necesarias.
Las autoridades deberán revisar los antecedentes de violencia, aunque la víctima no hubiera presentado una denuncia previamente. Esto se debe a que muchas mujeres no denuncian las amenazas o agresiones por miedo a posibles represalias.
Investigaciones deberán comenzar de manera inmediata
Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, explicó que las investigaciones deberán aplicar protocolos especializados y considerar todos los posibles antecedentes de violencia.
El proceso tendrá que estar orientado a conocer la verdad, sancionar al responsable y garantizar una reparación integral del daño.
El Ministerio Público estará obligado a iniciar de oficio y de manera inmediata la investigación de un posible feminicidio. Además, podrá solicitar la elaboración de productos de inteligencia y otras herramientas que ayuden a esclarecer el crimen.
La iniciativa también establece que el feminicidio será un delito imprescriptible. Esto significa que podrá investigarse y sancionarse sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde que ocurrió.
Responsables perderían derechos familiares y sucesorios
Además de las penas de entre 50 y 70 años de prisión, las personas responsables perderían cualquier derecho sucesorio relacionado con la víctima, es decir, no podrían recibir una herencia o beneficio derivado de su fallecimiento.
También perderían los derechos de tutela, guarda, custodia o patria potestad sobre las hijas o hijos de la víctima.
En caso de que el responsable sea un funcionario público, sería destituido de su cargo e inhabilitado para ocupar otro puesto dentro del servicio público.
¿Qué derechos tendrán las víctimas y sus familias?
La iniciativa no solo contempla las investigaciones y los castigos para los responsables. También incluye medidas para garantizar los derechos de las sobrevivientes y de las víctimas indirectas, como hijas, hijos, madres, padres y otros familiares.
Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, explicó que se garantizará el acceso a la verdad y a la justicia.
Las víctimas también tendrán derecho a recibir atención médica y psicológica de urgencia, así como asistencia jurídica especializada y gratuita.
La propuesta contempla una atención integral para niñas, niños y adolescentes que hayan quedado en orfandad como consecuencia de un feminicidio.
Además, se plantea crear un registro nacional de menores en orfandad por feminicidio, con la finalidad de conocer sus necesidades y garantizarles acompañamiento, protección y acceso a servicios.
La reparación integral del daño deberá ser transformadora, adecuada, efectiva, rápida y proporcional a las afectaciones provocadas por el delito.
Medios y plataformas deberán respetar a las víctimas
La iniciativa establece que los medios de comunicación y las personas que publiquen contenido en plataformas digitales deberán respetar la dignidad de las víctimas directas e indirectas.
Esto busca evitar la difusión de información, imágenes o datos que puedan revictimizar a las mujeres asesinadas o afectar a sus familiares.
Asimismo, se contemplan políticas públicas para prevenir y atender la violencia feminicida, así como la creación de una comisión especial y de un programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.
En estas acciones participarían los Centros LIBRE, los espacios de refugio y otras instituciones de protección. También se desarrollarían planes integrales para proteger a las mujeres sobrevivientes de la violencia.
Sheinbaum aseguró que, como primera mujer presidenta de México, asumió la responsabilidad de proteger a las mujeres y garantizar su derecho constitucional a una vida libre de violencia.
Con la nueva Ley General, el Gobierno Federal busca que ningún feminicidio sea investigado de manera diferente por el estado en el que ocurrió y que las autoridades actúen de forma inmediata para avanzar hacia la "cero impunidad".
