Sheinbaum sostuvo que la Constitución y las leyes vigentes en México definen el terrorismo de manera distinta al crimen organizado. Según explicó, los delitos clasificados como terrorismo "tienen que ver directamente con acciones contra el gobierno y otros esquemas", mientras que la delincuencia organizada no encaja en ese marco legal. Además, afirmó que México busca mantener una buena relación con Estados Unidos en cuestiones de seguridad, a pesar del debate sobre esta clasificación.
Académicos y organismos internacionales coinciden en que no existe una definición universal de terrorismo aceptada por todos los países, aunque suele incluir violencia ilegal con objetivos políticos o ideológicos para intimidar, presionar o influir en públicos amplios o gobiernos.
Por otro lado, la delincuencia organizada, tal como la define la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se basa en la existencia de grupos estructurados de personas que buscan cometer delitos graves con el objetivo de obtener beneficios económicos o materiales.
Estas definiciones muestran que, desde una perspectiva jurídica y académica, la motivación y el propósito detrás de los actos son elementos clave que distinguen un fenómeno de otro. El terrorismo se caracteriza más por fines políticos o sociales, mientras que la delincuencia organizada se asocia principalmente con fines de lucro y ventajas materiales.
DEBATE INTERNACIONAL SOBRE LA RELACIÓN ENTRE AMBOS FENÓMENOS
Investigaciones académicas señalan que, aunque tradicionalmente se han considerado como categorías distintas, en la práctica las líneas pueden volverse difusas. Existen casos en los que grupos del crimen organizado han empleado tácticas similares a las de grupos terroristas para enviar mensajes o generar impacto en la sociedad.
Esta combinación de tácticas no cambia el objetivo fundamental de las dos prácticas. En general, el terrorismo se entiende como violencia con fines políticos o ideológicos, mientras que la delincuencia organizada se orienta a obtener beneficios económicos dentro de estructuras criminales continuas.
El debate tiene implicaciones prácticas en términos de políticas de seguridad, cooperación internacional y enfoque legal, porque la clasificación de actos violentos afecta la manera en que se investigan, procesan y sancionan estos delitos. Añadir o modificar categorías legales puede cambiar los recursos disponibles, las estrategias de cooperación con otros países y las respuestas institucionales frente a la violencia.
