La presidenta Claudia Sheinbaum abrió el debate sobre la posibilidad de liberar a mujeres encarceladas por abortar, un tema que vuelve a colocar en el centro la discusión sobre justicia reproductiva en México. La pregunta no es menor: aunque la Suprema Corte ya declaró inconstitucional criminalizar de forma absoluta el aborto, en el país todavía persisten normas penales, procesos abiertos y rezagos legales que mantienen en la incertidumbre a mujeres y personas gestantes. La Corte resolvió en 2021 que la penalización total del aborto es inconstitucional, y desde entonces ha consolidado criterios para ampliar la protección de los derechos reproductivos.
El tema cobró fuerza luego de que se planteara si el Estado puede impulsar mecanismos para que mujeres presas por este delito recuperen su libertad. Jurídicamente, sí existen rutas. Una de ellas es la revisión de sentencias y procesos a la luz de los criterios de la Suprema Corte.
¿POR QUÉ NO SE LIBERAN AUTOMÁTICAMENTE?
Sin embargo, la liberación no ocurre de manera automática en todo el país. México tiene un sistema federal y los delitos del fuero común, como el aborto en la mayoría de los casos, dependen de las legislaciones estatales. Eso significa que, aunque el criterio constitucional ya cambió, cada entidad debe armonizar sus leyes y revisar expedientes concretos para corregir sentencias o retirar cargos. Organizaciones como GIRE sostienen que el acceso al aborto seguro y la eliminación de castigos siguen enfrentando barreras por la disparidad legal entre estados y por la falta de implementación uniforme en servicios de salud y justicia. Durante la conferencia matutina del 23 de marzo de 2026, Claudia Sheinbaum prometió revisar casos de mujeres encarceladas por abortar en México. Sin embargo, la liberación no será rápidamente, se harán investigaciones de cada caso en particular.
EL RETO PENDIENTE EN ESTADOS Y TRIBUNALES
En los hechos, el debate no sólo trata de cuántas mujeres están presas, sino de cuántas siguen siendo investigadas, denunciadas o procesadas bajo figuras penales relacionadas. Ahí está uno de los principales pendientes: traducir el criterio judicial en políticas públicas, revisiones de expedientes y garantías reales para que ninguna mujer permanezca encarcelada o judicializada por decidir sobre su embarazo.
